Los centros educativos, al igual que todos los hogares familiares, necesitan unos ingresos económicos para poder funcionar y afrontar los gastos diarios: folios, tijeras, grapadoras, algodón, jabón, tinta de impresora, lámparas de proyectores que se deterioran… y un largo etcétera. El responsable de destinar ese dinero a los centros es el Ministerio de Educación, que según dicta la norma, debe comunicar, antes de septiembre a los centros, cuánto dinero va a enviar para todo el curso. Hay unas fechas, también marcadas por la norma, en las que se deben hacer efectivos los pagos.
El sindicato CSIF tiene conocimiento de que parte de los pagos que correspondían a los centros el curso pasado no se han llevado a efecto todavía y las explicaciones dadas no han convencido, porque el dinero ni se extravía ni puede ir a cubrir otras necesidades que no sean para su destino oficial. Esta situación se agrava aún más cuando hay pagos del 1º trimestre del presente curso escolar que tampoco se han llevado aún a efecto.
¿Cómo pueden sobrevivir los centros de Melilla en estas circunstancias?
CSIF consideran estos hechos muy graves. Los centros educativos, tanto académica como económicamente, están en una situación límite como consecuencia de las actuaciones irregulares, por no decir ilegales que se están produciendo por parte del Ministerio.
Este sindicato, para conocer la cantidad exacta, que suponemos ronda varios cientos de miles de euros, ha solicitado en el marco de la ley de transparencia en la administración educativa, a cuánto asciende la deuda con cada uno de los centros de la ciudad.
No nos gustaría tener que llegar a situaciones extremas para reclamar esa deuda, y por ello, instamos a la Delegada del Gobierno y al Director Provincial para que solventen este problema lo antes posible.
