En apenas 72 horas se han sucedido tres versiones diferentes del PP, dando la impresión de que se resistía a asumir las responsabilidades que le tocaban hasta que la presión hizo que dicha asunción fuera inevitable
Hace hoy una semana se originó una crisis en el PP como consecuencia del auto judicial de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla, que mantenía para María Antonia Garbín su condena a diez años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada que, a juicio de este tribunal, y también del que la juzgó hace dos años en el Juzgado de lo Penal número 1, cometió cuando ejercía como consejera de Bienestar Social en el denominado Caso Abogados. Y hablamos de crisis porque lo ocurrido en esos días que le sucedieron, incluido el fin de semana, claramente han causado una inquietud en las filas del PP a cuatro meses de las elecciones, la cita con las urnas que todos los partidos políticos de la ciudad tienen bien marcada en el calendario y en cada paso que dan.
Los nervios han delatado al PP, que no ha dejado de dar palos de ciego desde que el pasado viernes se dio a conocer el auto de la Audiencia, hasta que el martes Garbín decidió presentar su dimisión como diputada. El presidente del partido, Juan José Imbroda, lo vendió ante la prensa como un gesto noble, porque en realidad su compañera de partido no había sido condenada a entregar el acta de diputada que los melillenses le concedieron en las elecciones de 2015. Pero la percepción generalizada es que ese gesto ha llegado tarde, porque se tendría que haber producido cuando se dio a conocer la sentencia firme el mismo viernes -para el resto de partidos, desde que hace años fue imputada y condenada, aunque ese es otro debate-. Si eso hubiera ocurrido, el PP se habría ahorrado la imagen de indecisión y falta de voluntad en la asunción de responsabilidades que ha dado durante esta semana, en la que su presidente ha salido en tres días consecutivos dando versiones distintas de lo que debía hacer o no Garbín por esta condena.
El domingo, dos días después de que el fallo se hiciera público y el PSOE hubiera pedido la dimisión de Garbín, Imbroda afirmó que Garbín no tenía por qué dimitir como diputada, puesto que la inhabilitación especial era para el ejercicio del cargo público de consejera, no como diputada de la Asamblea. Mantuvo que obligarla a cesar de su puesto en la Cámara sería “un doble castigo” y el PP haría “una mala justicia”, e incluso abrió la puerta a que Garbín ocupara en el futuro otros cargos públicos porque “el mundo no se acaba” en ese para el que ha sido inhabilitada. Al día siguiente, el lunes, cuando también se había sumado a esa petición de dimisión de Garbín Ciudadanos, su socio político en Andalucía, el PP anunció que Garbín ésta dimitiría de sus cargos orgánicos en el partido, donde llevaba las riendas de la Vicesecretaría de Acción Sectorial, pero seguiría como diputada. Sin embargo, el martes, comunicó que Garbín acababa de dimitir para dejar libre su escaño.
Vemos, por lo tanto, cómo en apenas 72 horas se han sucedido tres versiones diferentes del PP, dando la impresión de que se resistía a asumir las responsabilidades que le tocaban hasta que la presión hizo que dicha asunción fuera inevitable. Esto, junto con el silencio absoluto en el seno del PP, donde el único que ha dado la cara en este asunto delicado ha sido Imbroda pese a tener unos compañeros tan aficionados a dar sus opiniones por prácticamente todo en las redes sociales, son muestras evidentes de la enorme incomodidad que ha ocasionado el caso Garbín en las filas del partido en un momento tan inoportuno, justo cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.
