Coalición por Melilla (CPM) ha dado a conocer una batería de propuestas para combatir la economía sumergida que se da en nuestra ciudad, donde reconoce que es mayor que en otros territoritos de España “por las características socio-empresariales y geográficas de Melilla”. Entre estas medidas están “una campaña de sensibilización ciudadana”; “medidas específicas de inserción laboral para trabajadores de baja cualificación”; “informar sobre las ayudas que las administraciones y en especial la Ciudad de Melilla ponen a disposición de las empresas”; “puesta en práctica de iniciativas tendentes a reducir los niveles de fracaso escolar y abandono del sistema educativo” o “difusión de las líneas de ayuda existentes para la informatización de las PYMES. El partido que preside Mustafa Aberchán ha explicado que la economía sumergida es un fenómeno generalizado que se da en todos los sectores y en todos los territorios de España, pero admite que “en Melilla tiene mayor presencia por las características socio-empresariales y geográficas de Melilla”. Asimismo, ha detallado que también se producen consecuencias sobre el mercado de trabajo, como la precarización y la desprotección de los trabajadores.
En este sentido, CPM ha indicado que el fenómeno de la economía sumergida “genera cierta permisividad entre los melillenses, lo que provoca un desaliento en los comportamientos responsables”. Por ello, ha admitido que la erradicación total de la economía sumergida en Melilla “es un objetivo que no se puede alcanzar a corto plazo”.
“Ahora bien –ha añadido el principal partido de la oposición- la erradicación de la misma pasa por cambios en el marco económico y normativo y por una mayor intensidad en el control y la sanción. Las posibles políticas a aplicar son complejas en su diseño y ejecución”. En ellas ha asegurado que tienen que participar diferentes instancias administrativas (estatal, autonómica) en distintos campos, fiscal, laboral, judicial…) y se han de combinar actuaciones concretas en el corto plazo con otras más genéricas y a largo plazo. Además, señala que deben colaborar no sólo diferentes instancias de las Administraciones Públicas, sino también otras instituciones sociales: sindicatos y organizaciones empresariales por encontrarse más próximas a los agentes de la producción y potenciales sujetos de prácticas de la economía sumergida.
Para reducir los efectos perniciosos de la economía sumergida, desde CPM ha propuesta una batería de recomendaciones, entre ellas la sensibilización ciudadana. “El Gobierno Autónomo –ha explicado- debería diseñar políticas de sensibilización y difusión sobre los efectos y repercusiones negativas que tiene el empleo irregular y la economía sumergida sobre el conjunto de la sociedad”.
Asimismo, ha propuesto medidas específicas de inserción laboral para trabajadores de baja cualificación. “El mercado laboral de Melilla –ha detallado- se compone de muchos ocupados y demandantes de empleo de baja cualificación. El principal problema para estos trabajadores es que muestran una baja participación en acciones de formación continua y ocupacional que podrían mejorar sus capacidades y su situación laboral” ha apuntado.
CPM también ha pedido informar sobre las ayudas que las administraciones y en especial la Ciudad de Melilla ponen a disposición de las empresas. Para ello, propone la creación de una comisión en la que participen organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, representantes de las administraciones públicas, las entidades privadas que imparten formación no reglada en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por otro lado, ha solicitado la puesta en práctica de iniciativas tendentes a reducir los niveles de fracaso escolar y abandono del sistema educativo. “Se necesitan sistemas especiales para los jóvenes con problemas y para aquellos que necesitan más tiempo, más ayuda y oportunidades de formación específicas, con el objetivo de conseguir un nivel de cualificaciones mínimas” ha subrayado CPM, que ha añadido que “es primordial establecer una oferta educativa con múltiples oportunidades de formación, que de esta forma creen así un margen para distintas esferas de aprendizaje”.
El principal partido de la posición también ha propuesto la difusión de las líneas de ayuda existentes para la informatización de las PYMES. “La Ciudad Autónoma de Melilla –ha reclamado- debe hacer un importante esfuerzo por mejorar la presencia de la informática y de las tecnologías de la información y la comunicación en el tejido empresarial”.
Asimismo, ha pedido el desarrollo de un programa de actuación a partir del estudio de nuevos yacimientos de empleo. Estos últimos, a su juicio, se configuran como elementos esenciales para diversificar la economía melillense y de manera inducida, reducir el peso de las actividades sumergidas en la ciudad.
De igual modo, ha solicitado “concienciación”. En este sentido, ha dicho que “uno de los objetivos de las políticas de prevención del fraude fiscal es conseguir que los contribuyentes perciban una relación de equilibrio entre los impuestos soportados y los bienes y servicios públicos recibidos”.
Al mismo tiempo, ha reclamado “estudios e investigaciones”, como investigar la dinámica de funcionamiento del comercio atípico, los procesos de inserción laboral que conducen a la dualización del mercado laboral en función del origen étnico y geográfico de los trabajadores. “Es necesario –ha puesto de manifiesto la formación que dirige Mustafa Aberchán- conocer con relativa precisión la extensión del fenómeno en todos los tributos y regímenes y sus variaciones en cada momento, determinando las causas que lo motivan”. CPM, en su batería de medidas, ha pedido el control de la subcontratación en el sector público. “Las administraciones públicas, que tienen un peso muy importante en la economía local, tienen la responsabilidad de vigilar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo por parte de las empresas subcontratadas” ha señalado.
Por último, ha resaltado el “control y sanción” y para ello ha manifestado que “se debe hacer un especial esfuerzo en mejorar los procedimientos de control y sanción de las irregularidades económicas, fiscales y laborales”.
