El 15 julio de 2017, a las 10:40 de la mañana, se produjo un asalto menor al vallado de nuestro perímetro fronterizo. Un total de 4 inmigrantes escalaron la valla; la Guardia Civil se personó en el lugar, pero tres de los cuatro inmigrantes consiguieron huir. El cuarto, el acusado, quedó acorralado y se agarró a una farola para evitar su detención; se resistió y llegó a morder a dos de los agentes intervinientes, provocándoles lesiones en las manos. El acusado, un ciudadano de Burkina Faso que necesitó de la asistencia de un compañero del CETI para la traducción, reconoció plenamente los hechos y aceptó el pago de una multa de 900 euros por la resistencia y 300 euros en total por los dos delitos de lesiones. El 15 de julio de 2017, a las 10:40 de la mañana, se produjo un micro-salto en una de los sectores más castigados del vallado perimetral de nuestra ciudad.
Un total de 4 inmigrantes subsaharianos escalaron la alambrada y saltaron a territorio español; la Guardia Civil reaccionó, tratando de detener el salto, pero 3 de los inmigrantes consiguieron huir rumbo al casco urbano.
El cuarto, sin embargo, fue acorralado por los agentes, que trataron de calmarle. Lejos de tranquilizarse, el acusado, natural de Burkina Faso (África Occidental) se agarró a una farola y comenzó a gritar y a resistirse.
Los agentes, al tratar de soltarlo de la farola, sufrieron mordeduras en las manos. Uno de los guardias recibió un mordisco en una mano; el otro, en ambas. Finalmente, el acusado fue detenido y puesto a disposición judicial, acusado de dos delitos: resistencia y lesiones.
El Ministerio Fiscal interesaba inicialmente para el acusado la imposición de una pena de 15 meses de prisión a razón de 15 euros diarios de multa (6.750 euros) por el delito de resistencia y 3 meses de multa a razón de 15 euros diarios (1.350 euros) por los dos delitos de lesiones.
El acusado, que solo hablaba una de las lenguas mandé -autóctonas de África Occidental-, el Bisá, necesitó de la asistencia de un compañero bilingüe (Bisá-francés) del CETI para poder hacer de intermediario entre el acusado y el intérprete de los juzgados.
Ministerio Fiscal y defensa llegaron a un acuerdo de conformidad que, mediante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, implicaba una sustancial rebaja de la petición de pena de la acusación.
Este acuerdo, que fue finalmente aceptado por el acusado -lo que hizo innecesaria la comparecencia de los testigos y la celebración del acto- implicaba la asunción de una pena de multa de 6 meses a razón de 5 euros diarios por el delito de resistencia a la autoridad (900 euros), más el pago de dos multas de 150 euros cada una, correspondientes a los dos delitos de lesiones por los mordiscos propinados a los agentes.
La juez declaró la firmeza de la sentencia en el mismo acto, manifestando todas las partes implicadas su intención de no recurrir el pronunciamiento.
