El coordinador territorial deUnión, Progreso y Democracia en Melilla, Emilio Guerra, se ha referido a la elevada tasa de paro en la ciudad, una de las más altas delpaís según los últimos datos estadísticos. Afirma que “es algo ya endémico, que se agrava si añadimos que tenemos el índice de natalidad más alto de la U.E”. Ambos datos, sostenidos en el tiempo, “junto al grave deterioro de nuestro comercio, deberían haber dado lugar a medidas concretas y planes de acción por parte de los gobiernos correspondientes pero no ha sido así, por lo que los melillenses deberíamos plantearnos muchas preguntas”.
Emilio Guerra, considera que en Melilla, hay actitudes y comportamientos políticos que “no cuadran y están fuera de toda lógica”, lo que les hace pensar que “existen intereses antepuestos al desarrollo económico y progreso de la ciudad”. Sólo así, matizaba, “podríamos entender la inacción, pasividad, incapacidad y falta de voluntad de quienes tienen la obligación de gobierno y gestión de nuestros recursos”. El desequilibrio entre lo público y lo privado, es a juicio del responsable local de UPYD, “un indicativo de que nuestra economía está sostenida por recursos públicos, con cada vez menos motores de crecimiento y riqueza en manos del sector empresarial privado”.
Guerra, considera que “es obligatorio, aunque el poder establecido incomprensiblemente lo ignore”, encontrar nuevos patrones de crecimiento para Melilla, “dotándola de una economía competitiva y productiva donde se establezcan las bases para la creación y mejora del empleo, la igualdad de oportunidades y la cohesión en una sociedad, la melillense, con una brecha que arrastra pobreza y exclusión”.
Manifiestia que en los últimos años el desarrollo en el norte de Marruecos “ha sido importante con fuertes inversiones; de manera que el coste de oportunidad de cierres o bloqueos fronterizos y políticas de puertos ha variado para ellos, aumentando nuestra vulnerabilidad”.
Emilio Guerra, estima que “es muy peligroso convertirse en una especie de rémora económica para el Estado, sobre todo en la actual situación de inestabilidad política y gubernamental”. La condición de “ciudad subsidiada” es una “trampa que está acabando con cualquier iniciativa de establecer un modelo que genere riqueza desde las empresas privadas, que como es lógico, necesitan de una seguridad jurídica, además de un marco legal y de negocio apropiado para poder desarrollarse”.
