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Asistir a extranjeros le costó al Ingesa más de 14 millones de euros en 2016

Asistir a extranjeros le costó al Ingesa más de 14 millones de euros en 2016

El Tribunal de Cuentas advierte de que es necesaria una adecuada facturación de la asistencia prestada en virtud del convenio de Seguridad Social entre España y Marruecos

lunes 04 de febrero de 2019, 02:33h
El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la actividad del Ingesa, que analiza los datos de 2016, incide especialmente en la sangría que supone para el sistema sanitario de Ceuta y Melilla la atención a extranjeros sin derecho a la asistencia gratuita. La deuda, hace tres años, ya superaba los 100 millones de euros mientras que en ambas ciudades ni existía ni se ha arbitrado aún mecanismo alguno para hacer efectivo el pago de los servicios que se prestan, fundamentalmente a embarazadas marroquíes que dan a luz en Ceuta y Melilla, pero también a extranjeros que ingresan en los servicios de urgencias hospitalarias o menores.
Estos son los tres supuestos en los que se está obligado a atender a los pacientes aunque no tengan cobertura sanitaria y en Ceuta tienen un peso, y un gasto, importante cada año en el balance del Ingesa.

Ante este gasto sin reembolso, entre sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas insta al Ingesa a establecer un procedimiento de facturación a pacientes no asegurados, aplicable en ambas Gerencias de Atención Sanitaria. Para ello, recomienda que se refuercen las medidas identificativas, asignando un código único, y dotando de herramientas de gestión conjuntas para las Áreas de Atención Especializada y Atención Primaria permitiendo, en los casos en que sea procedente, una adecuada facturación de la asistencia sanitaria prestada en virtud del Convenio sobre Seguridad Social entre España y el Reino de Marruecos.

El coste económico por las asistencias sanitarias prestadas a personas no aseguradas en el período 2012 a 2016 en el Ingesa, de acuerdo con los datos facilitados por el propio Instituto, experimentó un aumento del 34,58%, pasando de 10.827.809 euros en el año 2012 a 14.571.767 euros en 2016.

La estimación del coste económico, efectuada por el Tribunal de Cuentas, de las atenciones prestadas a mujeres embarazadas no aseguradas en el ejercicio 2016, aplicando el importe mínimo a las atenciones que figuraban en los libros de parto entregados por el Hospital Universitario de Ceuta y el Hospital Comarcal de Melilla, ascendió a 1.211.963,32 euros en el de Ceuta y 4.875.743,81 euros en Melilla, lo que representó el 32,16% del coste total de partos para Ceuta y un significativo 59,14% del coste total de partos atendidos en el Área Sanitaria de Melilla.

Neonatología
Mientras, el coste estimado de las asistencias en el servicio de neonatología a menores no asegurados en el ejercicio 2016 ascendió a 160.787,21 euros en Ceuta, lo que representó el 47,74% del coste total de las asistencias prestadas por dicho servicio, y a 1.050.360,35 euros en Melilla, el 85,37% del coste total de dicho servicio.

En el caso de las urgencias, el coste de la atención a extranjeros no asegurados (coste mínimo, al haber considerado a todas las urgencias como urgencias simples sin observación) en el ejercicio 2016 en Ceuta ascendió a 1.025.712,52 euros, el 7,06% del coste total de urgencias del Hospital.

Pero no todos los servicios se dejan de cobrar. En ese año, Ingesa cobró un importe total de 7.804.098,36 euros, por prestaciones dispensadas a usuarios cuya asistencia sanitaria no estaba a su cargo, así como por otros servicios. El 67,78% de dicho importe procedió de pagos de compañías aseguradoras privadas por asistencia a sus asegurados y el 15,39%, de compañías aseguradoras privadas por asistencia sanitaria a asegurados que habían sufrido un accidente de tráfico. Únicamente el 0,73% de dicho importe (57.341,86 euros), procedía de cobros a personas no aseguradas.

Asimismo, el importe total de deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016 en el Ingesa ascendía a 104.495.288,93 euros. La práctica totalidad de dicho importe, en concreto, el 87,46% (91.394.370,56 euros), correspondió a asistencias prestadas a usuarios sin derecho a asistencia sanitaria, que fueron facturadas pero no pudieron ser cobradas y así lo inciden desde el Tribunal de Cuentas en su informe.