El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica con el objetivo de “acabar con la ocupación ilegal de inmuebles”. La propuesta del PP busca agilizar el desahucio de los okupas de viviendas, en un plazo de entre 12 a 24 horas, e introduce penas para los infractores de entre uno y tres años de cárcel, en función del daño causado al inmueble. La diputada popular por Melilla, María del Carmen Dueñas, ha subrayado que “presentamos una Ley “antiokupas”para luchar contra la delincuencia y la ocupación ilegal, y garantizar la seguridad de los vecinos”.
“No debe confundirse la lucha que pretendemos contra las formas de delincuencia e ilegalidades de la okupación, con las situaciones de vulnerabilidad social o exclusión social por motivo de vivienda, y la adecuada protección a las familias en situación de emergencia social”. En estos términos se ha pronunciado la diputada nacional por el PP de Melilla, Mª del Carmen Dueñas, quien se ha referido a la presentación por su Grupo parlamentario de una Proposición de Ley “antiokupas” en el Congreso de los Diputados para combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así la propiedad privada, la seguridad de personas y bienes, y la convivencia social.
A juicio de Dueñas, “la Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal, e impide que los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio o por el concepto de morada”. De esta manera – ha señalado – “se evita que tengan la misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad del propietario que el que la habita de forma legal”.
“El procedimiento de desalojo de una vivienda okupada ilegalmente debe ser ágil, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora, y con la Ley que proponemos entre 12 y 24 horas se podrá iniciar el lanzamiento por parte de las fuerzas de orden público con la autorización pertinente”, afirmó.
De multa a privación de libertad
Asimismo, la parlamentaria nacional ha resaltado que “la nueva Ley refuerza las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasa de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de okupación. Se agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado”. “Ampliamos la reforma de los procesos civiles aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas. Hasta ahora la propiedad jurídica del inmueble dificultaba más todavía el desalojo”, ha señalado.
La nueva normativa, -ha continuado la parlamentaria popular- “faculta a las comunidades de propietarios cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas, molestas o incívicas para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, la nueva norma plantea que los inmuebles okupados no tengan la condición de domicilio, con el fin de que no se puedan empadronar en esas viviendas aquellos que están en ellas sin la autorización de sus propietarios”.
