El inminente comienzo del juicio en el Tribunal Supremo contra los políticos independentistas catalanes que impulsaron el proceso secesionista de Cataluña en setiembre y octubre de 2017 desde la calle y desde las Instituciones, pone en evidencia que los instrumentos y mecanismos de nuestro Estado de Derecho funcionan y que nadie, absolutamente nadie, que se salte la ley puede quedar impune.
Han pasado dieciséis meses desde aquellas actuaciones, primero en el Parlamento de Cataluña, y después con la convocatoria de un referéndum ilegal, pero después de la instrucción del caso llevada a cabo por el juez Llarena, los acusados se sentarán a partir del próximo día 12 delante del tribunal compuesto por siete magistrados del Supremo. Los delitos de los que se les acusan son enormemente graves: rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos. Será el tribunal el que, lógicamente, tenga la última palabra respecto a si los acusados -que contarán, como no puede ser de otra forma, con todas las garantías procesales para su defensa- han incurrido en todos o sólo en parte de esos delitos.
La buena noticia, insisto, para la sociedad española, es que el Estado de Derecho tiene instrumentos suficientes para defenderse de una agresión como la que sufrió por parte de estos políticos. En una democracia es fundamental el respeto a las reglas del juego establecidas y quien intente saltárselas, tiene que saber que no le saldrá gratis. Esto es lo que va a pasar con estos dirigentes políticos catalanes. Se saltaron la ley, el marco constitucional, y ahora tendrán que responder ante un tribunal por ello.
Fue el actual Rey emérito Juan Carlos I, el que en uno de sus últimos discursos de Nochebuena antes de su abdicación dijo que todos los españoles somos iguales antes la ley. Esa aseveración la realizó en unos momentos en que su yerno, Iñaki Urdangarin, y su hija, la infanta Cristina, estaban pendientes de la sentencia judicial definitiva por el conocido como caso Noos. A día de hoy, Urdangarin está en la cárcel y la infanta Cristina fue absuelta por el tribunal sentenciador. Cuando Juan Carlos I dijo aquello algunos escépticos no acabaron de creérselo, y no sé si entre ellos se encontrarían esos políticos independentistas que a lo mejor pensaron que sus actuaciones iban a quedar impunes. Los hechos demuestran que la Justicia es lenta pero va actuando de forma implacable contra todos aquellos que delinquen, sean estos políticos, empresarios, banqueros, deportistas o ciudadanos de a pie. Recuperar la confianza en la Justicia es algo muy saludable para un buen funcionamiento de nuestra democracia. El juicio contra los políticos catalanes imputados será una buena ocasión para comprobar que, efectivamente, el Estado de Derecho funciona en España.
