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Ceuta también pedirá cambios en la Ley del Menor y el Código Civil como Melilla

El presidente del Gobierno ceutí, Juan Vivas

El Gobierno de Ceuta sigue los pasos de Melilla para intentar zanjar el problema de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en ambas ciudades autónomas, fronterizas con Marruecos, y la presión asistencial que sufren sus respectivos centros hospitalarios por parte de mujeres marroquíes que vienen a dar a luz para que sus hijos, en un futuro, puedan acceder a la nacionalidad española. Ayer, el Ejecutivo de Ceuta que preside Juan Vivas aprobó en su reunión semanal ordinaria dos propuestas que someterá a la consideración de la Asamblea autonómica antes de fin de mes para instar al Gobierno de España a modificar la Ley del Menor y el Código Civil, para que los MENA que lleguen a la ciudad sean repatriados o trasladados a otros puntos del país en cuanto cumplan tres meses en la localidad y para dificultar el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de madres extranjeras nacidos en las ciudades autónomas.
Estas dos propuestas ya recibieron el visto bueno del Consejo de Gobierno de Melilla el pasado viernes 1 de febrero, una semana antes que en Ceuta. Por lo tanto, parece que ambas Ciudades Autónomas irán de la mano en este asunto, como han hecho en los últimos años en tantos otros problemas comunes.
Según ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, ambas iniciativas se plantearán «conjuntamente con el Gobierno de Melilla». «Somos dos ciudades limítrofes con Marruecos, con unas fronteras en las que existe la mayor desigualdad del mundo entre los países colindantes y ambas sufren una intensa presión migratoria», ha recordado.
La propuesta de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad pretende incorporar una disposición adicional a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, «para que, de acuerdo con las singularidades presentes en Ceuta y Melilla respecto a los MENA que sean migrantes con entrada irregular en territorio nacional, se les dé prioridad en el retorno, bien directamente o, en su caso, a través del país de tránsito, en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración en el núcleo familiar de origen».
La iniciativa aspira a que «hasta que se produzca el retorno de estos menores a sus países de origen, ya sea a efectos de su reagrupación familiar o de su entrega a los servicios de protección del menor, con el fin de su adecuado amparo, dispondrán del apoyo material y de los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento apropiado para su edad, instalaciones sanitarias y cuidados médicos, siendo atendidos por la Administración General del Estado como entidad competente en materia de inmigración».
En el supuesto de que «en el plazo máximo de tres meses» no se haya hecho efectivo el retorno de los menores, la disposición establecería como obligatorio «su traslado a centros de acogida de otras partes del territorio nacional». Deu ha reiterado que la capacidad de acogida de Ceuta y Melilla es «limitada» a unos 60 ó 70 menores, por lo que ve «necesaria» esta modificación legislativa.

Código Civil
Por otro lado, la Consejería de Gobernación promueve un cambio del Código Civil «para que, en el caso de los hijos de extranjeros nacidos en Ceuta y Melilla, el acceso a la nacionalidad española por nacimiento esté acreditado mediante la residencia legal continuada en España durante un periodo mínimo e ininterrumpido de diez años y no uno como ocurre con la actual redacción, lo que evidencia una patente «disfunción normativa».
Según Deu, ello se deriva «de la singular condición de ciudades fronterizas con Marruecos y las diferencias entre los sistemas sanitarios de ambos países». Esta circunstancia propicia, «además de la asistencia sanitaria por razones humanitarias», una «desmesurada cifra de nacimientos de extranjeros en ambas ciudades» de madres marroquíes que en Ceuta se eleva cada año al 30% del total de partos y en Melilla alrededor del 50%. Con esta iniciativa se busca «controlar una situación excepcional que no se produce en el resto del país».

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Redacción

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