El Ministerio del Interior tiene previsto iniciar en la última semana de febrero o la primera de marzo la retirada de las concertinas de Ceuta y Melilla, según han confirmado Europa Press fuentes de este departamento, a pesar de que ya están convocadas las nuevas elecciones. En todo caso, la previsión es que el proyecto completo quede finalizado dentro del año 2019, por lo que la culminación de esta medida prioritaria del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dependerá del Ejecutivo conformado tras los comicios del próximo 28 de abril. La medida fue anunciada por Grande-Marlaska, al poco tiempo de prometer su cargo el pasado mes de junio, pero ha sido en enero de 2019 cuando el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de infraestructuras de seguridad del Estado en el que se contempla el refuerzo y modernización de las fronteras en las ciudades autónomas.
A lo largo de estos meses, Interior ha ido dando pasos para poder proceder a la sustitución de las concertinas, unos alambres equipados con cuchillas cortantes que se instalaron coronando las vallas fronterizas en el año 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo, según Grande-Marlaska, era cambiarlas por otros medios "menos cruentos" que garanticen "igual o más seguridad" en la frontera. Sin embargo, recientemente el ministro concretó que solo se retirarían las concertinas de "las zonas más vulnerables", es decir, las que han sido objeto de mayores intentos de salto.
En cualquier caso, a su llegada al Ministerio encargó un "informe" para estudiar las alternativas. El departamento ha tenido encima de la mesa tres opciones, aunque no ha desvelado cuáles son ni cuál ha sido la elegida para sustituir las concertinas.
El Gobierno tampoco ha podido dar por finalizada la "reforma integral" de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España y que recientemente aprobó en Consejo de Ministros. Ni se ha comenzado a construir el centro nuevo en Algeciras (Cádiz) previsto para antes del año 2022.
Tampoco va a ver la luz esta legislatura el refuerzo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para agilizar la resolución de los expedientes de solicitudes de protección internacional. A finales de julio se lanzó una convocatoria de 323 plazas de nuevos funcionarios, de las que 231 son para reforzar el funcionamiento de la OAR, pero la oposición está por desarrollarse.
El Gobierno socialista tomó el mando en junio, en el ecuador de un año 2018 que se ha convertido en récord de llegadas de pateras a costas Españolas, con más de 50.000 migrantes, superando las cifras durante la 'crisis de los cayucos' de 2006, cuando 39.180 personas alcanzaron España por vía marítima, principalmente a través de las Islas Canarias. En este contexto, el Ejecutivo puso el foco en la mejora de la atención de las personas que llegaban a través de la vía marítima, habilitando nuevos centros de atención y acogida urgente de migrantes.
