El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) va a someter este mes a la consideración de la Asamblea autonómica una propuesta de iniciativa legislativa para incluir en la Ley de Protección del Menor una Disposición Adicional Cuarta titulada 'Menores extranjeros no acompañados. Especificidades en las Ciudades Autónomas' que permita devolver a Marruecos a cualquier joven que haya llegado a ellas "por connotaciones económicas", aunque no sea nacional del Reino alauita, y que obligue a la Administración General del Estado, si no puede retornarlos, a trasladarlos a la península en un máximo de tres meses. La propuesta prevé dar "prioridad" al "retorno" de "los menores extranjeros no acompañados que sean migrantes con entrada irregular" en Ceuta y Melilla "bien directamente, o, en su caso, través del país de tránsito, en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen en su entorno socio cultural".
Aunque las Ciudades asumieron las competencias de Menores hace 20 años, esta iniciativa estipula que "hasta que se produzca el retorno de los menores a sus países de origen, ya sea a efectos de su reagrupación familiar o de su entrega a los servicios de protección del menor", tendrá que ser la Administración del Estado la que se haga cargo "del apoyo material y de los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento apropiado, instalaciones sanitarias y cuidados médicos".
"En el supuesto de que en el plazo de tres meses no se haya hecho efectivo el retorno de los menores a sus países de origen o, en su caso, al de tránsito", añade, "éstos serán necesariamente trasladados a centros de acogida de otras partes del territorio nacional".
Con respecto a la devolución al Reino alauita, el texto señala que "el 'retorno a las familias de origen' o, en su caso, a los servicios de protección, que se lleve a cabo con las debidas garantías, debe conllevar no sólo el de los menores nacionales del país colindante con Ceuta y Melilla, sino también de aquellos originarios de otros países que acceden a ambas ciudades a través de Marruecos".
Ceuta y Melilla alegan sufrir una situación "crítica" por el "flujo de menores extranjeros no acompañados (MENA) que va en progresivo aumento y que no obedece, en su gran mayoría, a verdaderas situaciones de desprotección, sino a un proyecto migratorio decidido con claras connotaciones económicas, buscando para ellos y sus familias un futuro mejor que en su país de origen".
"Habría que distinguir, porque es la realidad sociojurídica existente", defiende el Ejecutivo ceutí, "entre los 'menores en verdadera situación de desprotección' de los que realmente son 'menores migrantes', jóvenes con proyecto migratorio decidido hacia España y el resto de la UE" porque "este segundo grupo, en gran parte, incluso los que se encuentran alojados en centros de acogida, rechazan las medidas de protección que se adoptan por las entidades públicas competentes, lo que distorsiona el actual sistema de protección establecido".
"Su objetivo no es otro que emigrar a la península y a otros países de Europa por motivos económicos y denotan tal determinación que ponen incluso en grave riesgo sus vidas para acceder como polizones", alerta la propuesta, que también subraya que "deambulan por las calles detectándose múltiples problemas de conducta, así como de policonsumo de sustancias adictivas poniendo en grave riesgo su salud, produciéndose también, en algunos casos, actividades ilícitas y de riesgo, con la consiguiente alarma social en unas ciudades de tan escasa extensión superficial".
