El consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, alertó ayer de que Melilla sufre una “situación crítica” con el suministro de agua debido a la “dejadez absoluta” del Gobierno central con la planta desalinizadora, de la que depende la producción de la mitad del consumo diario, ya que actual contrato expira el 7 de junio y no hay trámites en marcha para su gestión. En rueda de prensa, Quevedo denunció públicamente que el Gobierno de Sánchez “no ha hecho nada” desde que entró en junio del año pasado, aun cuando el anterior había dejado el proyecto de ampliación preparado y autorizado desde el punto de vista medioambiental.
La previsión del anterior Ejecutivo era empezar las obras de ampliación de la planta el 7 de junio, coincidiendo con el primer día de funcionamiento del nuevo contrato de gestión de la desalinizadora, de modo que estuvieran terminadas para enero de 2021, tras un año y medio de obras, logrando que Melilla tenga un suministro de “agua mineral” las 24 horas.
Sin embargo, desde la toma de posesión del nuevo Gobierno no se ha llevado a cabo ninguno de los trámites administrativos necesarios para estas dos actuaciones, la adjudicación del nuevo contrato de gestión y la de la obra de la ampliación de la desalinizadora, dando lugar a “un problema muy grave” del que ha alertado hoy públicamente.
“El 7 de junio se cierra la desalinizadora y nos quedamos sin agua, porque el Gobierno ya no tiene tiempo de tramitar ni un contrato de servicio”, afirmó Quevedo, llegando a plantear que “poco le va a faltar para que tenga que intervenir el Ejército” para el funcionamiento de la planta ante este “absoluto desastre de gestión del agua potable desde que entró el Gobierno socialista”.
Ello, a pesar de que, como señaló Quevedo, él mismo intentó hacer ver al Gobierno central la urgencia de esta situación en una reunión en la Dirección General del Agua en julio, para lo que era necesario que el Ejecutivo redactara “un convenio de cuatro hojas” con la Ciudad Autónoma para fijar el precio del agua que esta debe pagar al Estado.
Quevedo dijo que en octubre volvió a reiterar dicha urgencia a la Dirección General del Agua, que le respondió que en breve le remitiría el borrador del proyecto que estaba elaborando, sin que eso se haya producido cuatro meses después, por lo que la Ciudad Autónoma está esperando que “alguien” le diga si el 7 de junio de este año podrá seguir funcionando la desalinizadora.
“Tiene narices tener que escuchar a Rojas criticando a la Ciudad por el agua”
Por todo ello, expresó su rechazo a las críticas que la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, hizo a la Ciudad Autónoma el pasado domingo sobre la última incidencia en esta infraestructura. “Tiene muchas narices que, después del absoluto desastre de gestión del agua potable desde que entró el Gobierno socialista, encima haya que escuchar a Gloria Rojas”, dijo Quevedo.
Asimismo, dejó claro que si el PP vuelve al Gobierno tras las elecciones generales, la Ciudad Autónoma estará “desde el primer día, en el minuto menos uno, en la Dirección General del Agua” para reclamar que se hagan estas obras. Entonces, señaló el consejero, estas actuaciones serán una realidad, aunque “un año más tarde” de lo que estaba previsto.
