La ciudad de Melilla ya dispone de un protocolo de coordinación de actuaciones ante casos de defunción suscrito por el Decanato de los Juzgados de Melilla, el Instituto de Medicina Legal y la Dirección territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en la ciudad. El objetivo de este documento es evitar judicializar fallecimientos de “forma innecesaria” que alarga el duelo de las familias debido a los procedimientos judiciales. Además, con este protocolo se clasifican los tipos de muertes para que se puedan certificar los casos de muertes naturales y judicializar los que sean necesarios. La directora del Instituto de Medicina Legal de Melilla, Raquel Carbajo Ramos, resaltó que este documento puede evitar judicializar fallecimientos de “forma innecesaria” que alarga el duelo de las familias debido a los procedimientos judiciales.
Protocolo de actuación
“Estos procedimientos ralentizan mucho esta disposición a los familiares y muchas veces se hace de manera innecesaria”, dijo.
Además, explicó que en el protocolo se clasifican los tipos de muertes para que se puedan certificar los casos de muertes naturales y judicializar aquellos casos que sean “realmente necesarios”.
El juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, señaló que es “problemático” judicializar determinados fallecimientos porque “los perjudicados siempre en este tipos de conflictos son los ciudadanos que ven como este asunto, sin necesidad, se lleva a los Juzgados”.
“Hay casos que incluso han llegado a la prensa de los estrambóticos que han podido resultar y para evitar esas disfunciones y para coordinarnos realizamos este protocolo”, expuso.
También, agradeció a los representantes de las Instituciones la participación que han tenido para hacer posible la redacción del documento que es “un buen instrumento legal y los jueces de Instrucción estamos contentos y esperamos que permita evitar esos conflictos”.
El director territorial del INGESA, Omar Haouari, manifestó que siempre que se firma un convenio o protocolo de actuación entre Administraciones es momento de destacar “porque se mejora el servicio público que se presta a la ciudadanía y disminuyen las situaciones polémicas y las discrepancias sobre las formas de actuar”.
Según Haouari, el documento que se ha firmado “permitirá en el futuro evitar malentendidos, en unos momentos claves, donde las actuaciones de los profesionales no deben tener controversia alguna y, así, evitar los efectos negativos que, innecesarias investigaciones médicos-legales de muertes naturales, pueden tener para los familiares de la persona fallecida”.
Por último, el director territorial del INGESA felicitó a quienes han participado en la elaboración de este protocolo que, está convencido, “es una buena herramienta de trabajo para casos de defunción”.
La emisión del certificado de defunción es una obligación legal de los médicos que, en determinados supuestos, presenta perfiles conflictivos. Aunque los diversos aspectos materiales de esta materia se regulan en varias disposiciones normativas es necesario evitar que se promuevan “innecesarias investigaciones médico-legales” de muertes naturales por sus “indeseables efectos negativos” para los familiares del fallecido y para la Administración de Justicia.
Por ello, para reducir el número de muertes “indebidamente judicializadas y minorar los inconvenientes”, el Consejo Médico Forense recomienda que se elaboren protocolos entre los Servicios de Salud y la Administración de Justicia para la coordinación de actuaciones antes casos de defunción y “tratar este tema desde el punto de vista humanitario”.
