Los problemas que se están dando en las oposiciones de acceso a la Policía Local se han convertido en un clásico convocatoria tras convocatoria, con sentencias judiciales que quitan la razón a la Ciudad Autónoma, que no puede seguir con esta misma dinámica por el daño que provoca a todo el mundo Las oposiciones a la Policía Local llevan años teñidas de polémica sin que nadie ponga remedio a este problema. El Gobierno del PP se ha negado una y otra vez a las peticiones que desde la oposición le han planteado para abrir una comisión de investigación, y se escuda en su manida estrategia de convertir las críticas por las cosas que no están bien hechas en falsos ataques a los trabajadores y funcionarios en vez de asumir responsabilidades. Pero una cosa está clara, y es que los problemas que se están dando en las oposiciones de acceso a la Policía Local se han convertido en un clásico convocatoria tras convocatoria, con sentencias judiciales que quitan la razón a la Ciudad Autónoma, que no puede seguir con esta misma dinámica por el daño que provoca a todo el mundo. Porque no afecta solo los aspirantes eliminados a los que después la Justicia les da la razón, sino al resto de personas interesadas en participar en esas oposiciones por las dudas que genera esta situación; al conjunto de los ciudadanos, que deben pagar con sus impuestos los miles de euros de indemnizaciones a las que la Ciudad es condenada a pagar; y también a los que aprueban y se convierten en agentes de la Policía Local, porque sus méritos para estar ahí se ven empañados por la sombra de la duda.
Hay que acabar con esto ya. No puede ser que en cada proceso selectivo haya siempre polémicas que terminan en impugnaciones que la Justicia resuelve condenando a la Ciudad Autónoma. Llama la atención que estos problemas se den siempre en las mismas oposiciones, porque no hay noticia, al menos que haya trascendido, de que también ocurra lo mismo en las que se celebran para cubrir plazas de otros puestos de la Administración Pública de Melilla, salvo en las de Bomberos, que también se vieron ensombrecidas por la polémica el año pasado. Y es preocupante que esto suceda porque hablamos de unas oposiciones que convierten a quienes la aprueban en agentes de la autoridad, en funcionarios de los que depende la seguridad de todos.
Dentro de poco arrancan otras nuevas oposiciones a la Policía Local, y los diputados de Coalición por Melilla ya han pedido intervenir como observadores. Lo hicieron parcialmente en las anteriores en las pruebas a las que les dejaron acceder, no a todas, lo que fue motivo de crítica. De todos modos, poca efectividad tuvo la medida cuando algunos de los opositores eliminados acudieron a los tribunales y la Justicia les está dando la razón. Desde el Gobierno insisten en quitar hierro al asunto recordando que la opción de recurrir es un derecho para quienes se presentan a las oposiciones y se debe interpretar como una garantía para ellos. Lo que es triste es que tengan que acudir a esa vía para que les devuelvan un derecho que les quitaron porque la Administración no hizo bien las cosas, mientras los administrados pagamos el pato de decisiones erróneas. Hay que poner remedio ya a este problema enquistado.
