El Gobierno de Pedro Sánchez ha arrojado algo de luz oficial a la guerra de cifras que a principios de este curso escolar protagonizaron a cuatro bandas PP, PSOE, Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno a propósito del proceso extraordinario de escolarización que se llevó a cabo en los centros educativos de Melilla. Según ha informado el Ejecutivo central en una respuesta en el Congreso de los Diputados, fueron exactamente 344 los alumnos de nueva incorporación en dicho proceso extraordinario, cerca del doble de lo que sostuvo el PSOE local, partido que aseguró que habían sido “menos de 200”.
Al menos, eso es lo que manifestó su secretaria general, Gloria Rojas, que en mitad de la tormenta mediática sobre este asunto convocó una rueda de prensa para afirmar: “Se han escolarizado a menos de 200 niños que vivían en Melilla en una situación administrativa irregular, pero que en ningún caso es motivo para no escolarizarlos, porque han demostrado su arraigo en la ciudad”.
El Gobierno eleva esa cifra al informar en el Congreso de que “el número del alumnado escolarizado de nueva incorporación fue 344”. Y agrega que “la Comisión de Garantía de Admisión verificó la residencia de los alumnos escolarizados, bien por la aportación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o tarjeta de residencia más el certificado de empadronamiento, o a través de la tarjeta sanitaria en aquellos casos en los que no se disponía de los mismos”.
De esta manera, el Gobierno defiende la legalidad de la escolarización por ser niños que vivían en Melilla, un aspecto con el que el PP mostró su discrepancia incluso en la querella que presentó en el juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, por la “escolarización ilegal” de menores extranjeros que, según los populares, no residen en la ciudad ni tienen certificado de empadronamiento, contraviniendo el requisito establecido por el propio Ministerio de Educación en una orden publicada el año pasado en el BOE sobre los requisitos para la escolarización de alumnado en los centros educativos de Melilla y Ceuta.
PP dijo que eran 399 y el PSOE, “menos de 200”
En esta querella, el PP indicó que en este proceso de escolarización se habían incorporado 399 niños que no habían estado antes en el sistema educativo español, y que se había cambiado a otros 266 de centro. La suma de ambos colectivos supone, según el PP, que 665 niños estaban incluidos en el proceso extraordinario de escolarización que se llevó a cabo el 21 de septiembre del año pasado.
El PSOE local, en cambio, dijo a través de Rojas cuatro días después que se habían tramitado un total de 640 expedientes que correspondían, en su mayoría, a niños sin ningún problema documental o traslados de un colegio a otro, y que, de ellos, “menos de 200” eran niños que “vivían en Melilla en una situación administrativa irregular” y habían sido escolarizados en los centros educativos de la ciudad.
En aquella comparecencia del 25 de septiembre, la líder socialista se centró en desmentir la cifra que dio en un primer momento el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que habló de la escolarización de 700 niños. Esta cifra, al igual que ocurría con la que ofreció el PSOE local de “menos de 200”, está lejos de los 344 que ahora apunta el Gobierno en una respuesta parlamentaria en las Cortes Generales.
Moh solo dio por irreal la cifra del PP
Por su parte, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, no ofreció ningún dato aquellos días. En su comparecencia del 27 de septiembre, casi una semana después de que saltara la polémica, Moh únicamente dijo que la cifra de los 700 niños de Marruecos a la que ha hizo alusión Imbroda generaba “alarma” y “crispación” y no era real. “Se lanzan a dar información equívoca, errónea y contaminada”, criticó Moh del PP. Nada dijo, en cambio, de la cifra de “menos de 200” que dio el PSOE, ahora desmentida por el propio Gobierno al que representa en Melilla.
