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Mentiras al descubierto

Los melillenses hemos tenido que enterarnos varios meses después de la verdad sobre cuántos niños entraron en el proceso extraordinario de escolarización por una respuesta del Gobierno en el Congreso La frenética actualidad informativa provoca que lo ocurrido hace apenas medio año parezca que fue hace siglos. Sucede, por ejemplo, con el proceso extraordinario de escolarización que se llevó a cabo en Melilla recién empezado el curso académico 2018/2019, una de las primeras decisiones del recién nombrado equipo de la Delegación del Gobierno con Sabrina Moh al frente, y que desató una fuerte polémica en la que todo el mundo participó. Desde los partidos políticos a las administraciones públicas, pasando por los sindicatos educativos y oenegés. Y provocó una lógica preocupación entre los padres del alumnado por cómo podría afectarles a sus hijos, ya afectados por una mermada educación pública como consecuencia de elevadas ratios que incumplen la ley e índices de fracaso escolar que, aunque van mejorando, siguen siendo más altas que la media nacional.
El caso llegó hasta la Justicia porque el PP decidió presentar una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, por considerar que se había producido una “escolarización ilegal” de menores extranjeros que no residen en la ciudad ni tienen certificado de empadronamiento. La querella presentada también iba “contra quienes, a medida que vaya avanzando la instrucción de este proceso judicial” puedan tener responsabilidades penales en el procedimiento de escolarización ilegal” por haber dado órdenes políticas en ese sentido.
Desde entonces nada nuevo se ha sabido y la polémica, muy álgida a finales de septiembre, fue descendiendo hasta su desaparición. Ahora, unos meses después de su desaparición, se esclarece un poco uno de los principales embrollos de aquel proceso extraordinario de escolarización, que era la cifra de niños que habían entrado en los centros educativos de Melilla, según el PP sin haber seguido los cauces legales, dado que carecían de certificado de empadronamiento, que era lo que les había impedido acceder a la educación pública en los cursos anteriores. La guerra de números, constante hace unos meses, ahora ha quedado aclarada oficialmente por el Gobierno, que en una respuesta parlamentaria en el Congreso ha informado de que fueron 344 los alumnos de nueva incorporación en dicho proceso extraordinario.
La cifra es llamativa, porque es cerca del doble de lo que sostuvo el PSOE local, partido que aseguró que habían sido “menos de 200” los niños que habían entrado en los colegios de Melilla. Es decir, que el Gobierno de Pedro Sánchez desmiente a Gloria Rojas, líder del PSOE, que fue quien dio aquel dato falso. Curioso. Como también lo es que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no corrigiera a su compañera y jefa de partido cuando días después compareció para decir que la cifra de 700 niños que había dado Imbroda era errónea y provocaba alarma y crispación. Es verdad que el dato del presidente melillense no era real, como tampoco el de Rojas, por lo que la actuación de la Moh también carece de credibilidad en toda esta historia. Los melillenses hemos tenido que enterarnos varios meses después de la verdad por una respuesta del Gobierno en el Congreso. Triste, pero cierto. Es de suponer que la segunda parte vendrá cuando se pronuncien los jueces, seguramente dentro de algunos años, dada la lentitud de la Justicia.

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