Coalición por Melilla (CPM) se ha hecho eco de una sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Málaga asegurando que una persona “con una relación de afinidad con altos cargos del Gobierno local, el presidente de la Ciudad Autónoma y el hijo de Imbroda” ha sido condenada a 6 años de prisión. Según el cepemista, Hassan Mohatar, en los hechos probados “aparece que ha engañado alrededor de 30 personas porque ha estado pidiéndoles cantidades que han ido oscilando entre los 900 y los 9.000 euros prometiéndoles a cambio Viviendas de Protección Oficial (VPO)”. El portavoz de CpM, Hassan Mohatar, se hizo eco de los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga “que ha condenado a esta persona a 6 años de prisión”.
En la sentencia, sostuvo que “pone que ha engañado alrededor de 30 personas pidiéndoles cantidades que han ido oscilando entre los 900, 1.200, 1.500 euros e incluso 9.000 euros a cambio de supuestamente darle una Vivienda de Protección Oficial (VPO)”.
Estas personas, indicó que “reconocen según la sentencia judicial que le daban el dinero porque trabajaba para la Ciudad Autónoma y porque tenía una relación de afinidad con altos cargos del Gobierno, el presidente de la Ciudad y el hijo de Imbroda”.
CpM considera “gravísimo que esta persona haya utilizado esa relación de afinidad, que es lo que dicen los testimonios de estas personas afectadas”.
El cepemista pidió que por parte de Emvismesa y del Gobierno “se hagan todas las investigaciones necesarias para aclarecer esta situación y si es verdad que hay 30 personas que lo han denunciado por estafa ya que se ha demostrado que no han sido adjudicatarias de ninguna vivienda”.
Asimismo, Hassan Mohatar solicitó que se analice si ha habido “algún supuesto trato de favor en el pasado, si esta persona por sus relaciones ha podido favorecer a algún tipo de persona a cambio de dinero por una VPO”.
Coalición por Melilla dejó claro que “no culpamos a nadie, el único culpable sobre la sentencia es esta persona que era coordinador de Limpieza y lo criticamos en el pasado duramente porque desconocíamos su labor y pone que 30 personas han sido estafadas”.
Además, el portavoz del partido destacó que “en la sentencia judicial se recoge que llamaban a los testigos desde un teléfono de la Ciudad Autónoma, un número oficial de Emvismesa, por lo que, se tiene que abrir algún tipo de investigación porque estas personas tuvieron que pagar cantidades que oscilaban entre de 900 a 9.000 euros”.
