La diputada de CPM, Dunia Almansouri, anunció ayer que su formación recurrirá el archivo provisional dictado sobre la pieza aparte de la Operación Tosca que afecta a las contrataciones de la Viceconsejería de Festejos porque consideran “escandaloso” que la decisión judicial se deba a la “falta de diligencia del Ministerio Fiscal” y no porque “no se haya cometido un delito”. Los cepemistas acudirán a la Fiscalía General del Estado para que “audite” cómo se está instruyendo este caso para que “no se deje morir”. En rueda de prensa, Almansouri afirmó que es “inadmisible que uno de los mayores escándalos sobre la gestión del dinero público en Melilla se archive por falta de diligencia del Ministerio Fiscal y no porque no se haya cometido ningún delito o infracción, algo que nos parece escandaloso e irrespetuoso hacia el dinero público”.
Ilógico
Considera que no es “lógico” que tras la prórroga concedida, que el Ministerio Fiscal “no hiciera su trabajo, y es llamativo que ni siquiera haya solicitado a la Consejería correspondiente los expedientes objeto de la investigación, sino que dejan morir los plazos de la instrucción para enjuiciar” esta parte de Tosca que afecta a Festejos.
Entiende la cepemista que el Ministerio Público “no puede tirar por tierra por no hacer su trabajo” toda la investigación de la UCO en esta operación que “se saldó con detenciones, con un escándalo nacional sobre la gestión del dinero público en Melilla”.
Otro ejemplo de ello, apuntó, fue lo ocurrido con el Caso Abogados en el que Imbroda “se libró porque habría prescrito el delito, pero no porque quedara demostrado que no se cometió, porque de hecho hay una exconsejera inhabilitada”, y el motivo de todo ello “es que se deja que mueran los procedimientos judiciales”.
Reiteró, en este sentido, que en enero CPM “llegó a nuestros oídos que había alguien manejando en el entorno de la Justicia para que se dejaran pasar los tiempos y esto es muy grave”, por lo que el archivo de esta pieza es algo que “no ocurre por casualidad o porque el Ministerio Fiscal tenga tanto trabajo que no ha podido ni solicitar los expedientes correspondientes”.
Archivo y recurso
Este hecho lleva a los melillenses a preguntarse “por qué se archiva este caso, porque no puede ser que ese gran escándalo en el que incluso el Palacio de la Asamblea fue invadido por la UCO, en el que hubo detenciones y registros en domicilios particulares se quede en nada, y es que se intenta dejar morir la parte más escandalosa del caso Toda, la parte con el mayor volumen de dinero público presuntamente defraudado”.
Su archivo crea “un precedente peligroso” porque hará que “se sientan impunes” y reitera que no se puede permitir que “sigan campando a sus anchas, fraccionando contratos y facturas falsas” como asegura han podido comprobar los cepemistas durante el tiempo que presidieron la Comisión de Control.
Coalición por Melilla, como parte en la causa, ha decidido “recurrir el archivo”, al tiempo que solicitarán al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que “audite las formas en que se está instruyendo esta parte del caso Tosca, porque entendemos que algo tan grave relacionado con el dinero público, no puede quedar impune, y que nadie olvide que el PP es el único partido en España que ha sido condenado por corrupción”.
Jueza condenada por “retrasos injustificados”
Como argumento a su denuncia sobre los intentos por dejar pasar los tiempos para “dejar morir” las causas que afectan al PP, Coalición por Melilla remitió ayer un documento en el que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial decidió imponer un año de suspensión y multa de 1.300 euros a la titular del juzgado de Primera Instancia e instrucción número 4 de Estepona (Málaga), Luisa Ruiz Ortiz por “desatención o retrasos injustificado y reiterado” en la tramitación y resolución de los procesos en su juzgado.
En cuanto a la multa, mil euros son con considerar “falta grave que la juez haya obstaculizado labores de inspección” y a 300 más por una falta leve por la “desatención o desconsideración hacia los ciudadanos o hacia abogados y procuradores, representantes del Ministerio Fiscal, médicos forenses, graduados sociales, secretarios o agentes de la Policía Judicial”. Añade CPM que Alicia Ruiz Ortiz, es “magistrada electa del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Melilla”.
