La empresa pública Tragsa, a través de su filial Tragsatec, se hará cargo de la gestión de la planta desalinizadora de Melilla mediante una encomienda de gestión a partir del 7 de junio, fecha en la que finaliza la vigencia del actual contrato de funcionamiento de esta infraestructura, hasta la formalización de un nuevo contrato.
El consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, informó ayer en rueda de prensa de que esta “solución medio legal” que ha adoptado el Gobierno central le fue comunicada a la Ciudad Autónoma en la reunión que mantuvo el miércoles en la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
En este encuentro, en el que estuvieron presentes altos responsables de la Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Ciudad Autónoma, se constató que para el 7 de junio “no había solución administrativa” para adjudicar la continuación del servicio que presta la planta desalinizadora, algo que ya había advertido el propio Quevedo públicamente.
Al no poderse tramitar esta gestión ni por emergencia, ni como prórroga ni con un contrato puente, y dada la necesidad de que esta infraestructura siga funcionando para no dejar a Melilla sin suministro de agua, “la única manera que parece que han encontrado” es realizar una encomienda de gestión por el mínimo tiempo posible a una empresa pública.
La previsión es que en octubre se pueda contratar un pliego puente de 8 meses, con posibilidad de prorrogarlo otros ocho.
Más gastos
Quevedo recordó que Tragsatec no es una empresa especializada en la gestión de una planta desalinizadora y advirtió de que esto podría conllevar más problemas en el funcionamiento de la planta, por lo que considera que esta opción “está muy cerca del chiste” que hizo el consejero sobre que “al final tendría que venir el Ejército” a poner en funcionamiento la desaladora.
Además, indicó que esta opción supondrá unos “gastos extra” en el abastecimiento de agua que no contempla el actual contrato y que el Ministerio se ha comprometido a asumir después de que la Ciudad Autónoma dijera en esa reunión que no era lógico que Melilla sufriera un encarecimiento del agua “porque no se hayan hecho las cosas a tiempo ni correctamente”.
En cualquier caso, el consejero admitió que “algo se ha avanzado” en este problema respecto a la situación durante los últimos meses, aunque cree que no es “para replicar campanas en absoluto”, y menos después de que la Dirección General del Agua señalara en la reunión que la ampliación de la desalinizadora, que iba a empezar el 7 de junio, se retrasará un año.
Ampliación
Quevedo advirtió de que “tampoco puede retrasarse más” porque, en caso de que la obra no empiece en 2020, se perderán los fondos europeos asignados a esta ampliación, que ya tiene el proyecto realizado y el informe de impacto ambiental aprobado.
En este sentido, Quevedo explicó que en la reunión, la Dirección General del Agua entregó a la Ciudad Autónoma un borrador de convenio, según el cual la parte del presupuesto que no se cubrirá con fondos europeos será cofinanciado al 50 % entre las administraciones central y regional.
El consejero aseguró que la Ciudad Autónoma estudiará este borrador y contestará en un plazo breve, si bien avanzó que el 30 de abril volverá a celebrarse otra reunión como la de ayer para seguir trabajando en este asunto.
El Estado pagará el 100% de la línea eléctrica
Quevedo indicó que la Dirección General del Agua se ha comprometido a acometer la obra para instalar una segunda línea de abastecimiento eléctrico en la desalinizadora, una obra que pagará al 100 % el Gobierno central, después de que la Ciudad Autónoma haya rechazado compartir el gasto al 50 % como sugería el Ministerio.
“Melilla no tiene la culpa de que la línea eléctrica actual tenga 60 empalmes”, ha razonado el consejero.
