El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó el pasado 18 de marzo al Ministerio de Defensa readmitir en el Ejército a un soldado que había sido condenado por narcotráfico. Según el Confidencial, la Audiencia Provincial de Málaga declaró al funcionario culpable de un delito contra la salud pública por formar parte de una organización de traficantes de hachís. El ciudadano, de 40 años y procedente de Melilla, y su hermano guardia civil formaban parte, según la sentencia, de una trama dedicada a introducir droga en España procedente de Marruecos a través de una furgoneta. La resolución definió al soldado como "el contacto de la organización marroquí que suministró el hachís al grupo" que se encontraba en España. Su defensa, sin embargo, esgrimió que no había pruebas sólidas para concluir que formaba parte de la trama dado que "su única actuación fue ayudar a los conductores a aparcar dos furgonetas", argumento que rechazó la Audiencia Provincial, que sin embargo absolvió al militar del delito de asociación ilícita con un razonamiento que bien podría contradecir al que sirvió para condenarle por narcotráfico.
"No resulta acreditado la identidad ni relación del acusado con el grupo de personas que iban a suministrar el hachís; siendo por el contrario el contacto con (el grupo receptor) meramente puntual para esta operación", apuntó la sentencia dictada por el tribunal malagueño en septiembre de 2016 para exonerar de asociación ilícita al acusado, que sí fue condenado a tres años de prisión por el ilícito de tráfico de drogas junto a otras 26 personas. La resolución fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Supremo, que aún está pendiente de pronunciarse.
Sin embargo, sirvió para que el teniente general jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra expulsara al soldado de las fuerzas armadas. En concreto, cuatro meses después de la resolución, el el general auditor del Cuartel General del Ejército informó al Mando de Personal de lo que había pasado. "El expedientado participó con múltiples ciudadanos marroquíes y españoles y de otras nacionalidades en la introducción de hachís desde Marruecos a España, concretamente participando en Melilla en el transporte de una furgoneta cargada de la citada droga y colaborando también en diversas formas en la operación", le trasladó el auditor por escrito.
"Este mando considera que los hechos por los que ha sido condenado son totalmente contrarios a los valores y principios de la institución militar, pues se trata de un delito contra la salud pública que no solo está penado por la ley, sino que además pudiera ser de gran trascendencia y repercusión mediática por la naturaleza del mismo; esta circunstancia afectaría a la imagen del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas, tanto dentro de la institución como en la sociedad civil", añadió el informe que llegó al Mando de Personal, que también utilizó el hecho de que estuvo de baja para colegir "su nula predisposición para el servicio" y despedirle del Ejército.
La decisión, sin embargo, fue recurrida por la defensa del militar, ejercida por el letrado Antonio Suárez Valdés, al que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de dar la razón.
