El secretario general del PSOE, Román Dobaño, expresaba su preocupación por las supuestas ilegalidades que estaban afectando a la composición de los tribunales para las oposiciones en la Ciudad Autónoma. El grupo del PP advertía al presidente Enrique Palacios, que podía ser apercibido por el alto tribunal andaluz si persistía en su actitud de hacer caso omiso a la orden de ejecución de la sentencia que, tras declarar la vulneración de derechos fundamentales, restituía a Beatriz Caro (PP) en su cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea. Ello porque, según la oposición, el recurso de súplica no paralizaba la decisión de los magistrados.
