En el mes de junio de 1985 el gobierno marroquí publicó una declaración institucional en la agencia marroquí de noticias, MAP, en la que advertía a España de que ni Ceuta ni Melilla serían considerados territorios comunitarios tras el ingreso del país en la CEE. El gobierno español estaba finalizando ya las duras negociaciones para la integración en aquel organismo y una vez más, como ya ocurriera con otras cuestiones, la falta de previsión por un lado y la ausencia de firmeza en la defensa de los intereses de las dos ciudades españolas, llevó al ejecutivo socialista a marginar los intereses de Ceuta y Melilla en lo que desde entonces fue ya la tónica de la política española con relación a Marruecos. Es decir, en el marco de las relaciones hispano-marroquíes, tendría preeminencia la relación con el país magrebí, quedando supeditados los intereses de Melilla y Ceuta a esa relación. Sin duda eran años convulsos por cuanto se le presentaron al gobierno socialista tres grandes problemas en ambas ciudades, a saber, culminar la transición institucional a través de la aprobación de un estatuto de autonomía, en segundo lugar el ingreso en la CEE y en tercer lugar, el acuciante problema de la población inmigrante de origen marroquí, cuya instrumentalización política desde Marruecos ya había comenzado. Ninguno de estos asuntos fue resuelto con sagacidad sino más bien lo contrario pues el objetivo del ejecutivo socialista era que causaran los menores problemas posibles en el marco de una ‘política de normalización diplomática’ con Marruecos que había iniciado desde 1983 en adelante y que mostrará sus deficiencias una década más tarde. La masiva regularización de la población inmigrante de origen marroquí, incumpliendo la propia normativa que el legislativo había aprobado, mostró la inoperancia de aquel ejecutivo socialista. En lo que respecta al estatuto de autonomía, este se degradó hasta tal punto que no pudo ser aprobado, pues ninguna formación política apoyó el proyecto que el ejecutivo socialista presentó en solitario en las Cortes en 1985. Finalmente, en lo que respecta al ingreso en la CEE, el gobierno decidió apostar por una decisión de tipo político más que económico, marginando a Melilla y Ceuta en el ámbito comunitario al dejarlas fuera del espacio aduanero común.
Insistamos en esta última cuestión porque es importante. La decisión de marginar a ambas ciudades fue política, no económica y lo fue así porque Marruecos amenazó al gobierno español con no reconocer ese hecho. El gobierno español optó por eludir el envite y las dos ciudades quedaron fuera de ese espacio aduanero hasta día de hoy. Insistamos en una segunda cuestión, ahora que se habla tanto de consensuar una posición frente a la decisión de entrar o no en la unión aduanera. Entonces el gobierno central no consensuó nada con nadie, no hubo ningún debate en la ciudad, ni siquiera en el seno de la asamblea del ayuntamiento. No existe ningún acta que de cuenta de ningún tipo de acuerdo o discusión, no hubo nada, tan solo un aburrido estudio de las cámaras de comercio de las dos ciudades sin ninguna conclusión razonable más allá de la defensa de unos determinados tipos impositivos para una determinada gama de productos exportables desde las dos ciudades hacia Marruecos. Tampoco se consultó a la población para saber cual era su opinión y los partidos políticos hicieron sordina a los pocos que se atrevieron a llevar la contraria. La decisión fue por tanto política y por eso la decisión e entrar en estos momentos debe ser también política, no económica.
Hace unos meses Marruecos decidió cerrar su aduana en la frontera de Melilla, en un acto claramente hostil que, en el fondo, trasluce un problema mayor y es la falta de reconocimiento marroquí de la soberanía española sobre la ciudad. A algunos podrá parecerles irrelevante esta cuestión pues lo importante es que esa soberanía se defienda desde España. El problema es que estas decisiones que por lo general no tienen respuesta del gobierno español, es una circunstancia que acaba comprometiendo esa soberanía española que, en teoría, se defiende desde Madrid. En otras palabras, la inacción del gobierno español refuerza el argumento de Marruecos, de cara al interior de su país y lo más peligroso, de cara al ámbito internacional. No actuar, supone pues consentir, al menos en el ámbito internacional. Vayamos con otra cuestión que no por ser obvia es menos importante. El cierre de la aduana comercial marroquí en la frontera implica por parte de éste país reconocer que dicha frontera no es internacional, al menos en lo que respecta al tráfico de mercancías. Por último, en tercer lugar, no lo olvidemos, si Marruecos decidió cerrar su aduana comercial en la frontera con Melilla lo hizo a sabiendas de que ningún problema en sus relaciones con la UE podía crearle, es decir, y argumentando en sentido contrario, el hecho de que Melilla esté fuera de la unión aduanera ha permitido a Marruecos cerrar su aduana, a sabiendas de que la ciudad no es territorio aduanero común. ¿Habría hecho lo mismo Mohamed VI si dicha aduana hubiera sido europea? No lo sabemos pero en cualquier caso, habría violado sus acuerdos de asociación económica con la UE, circunstancia que España podría haber denunciado ante las instituciones comunitarias y al mismo Tribunal de Justicia Europeo.
Lo cierto es que han pasado ocho meses desde que se produjera dicha afrenta y el gobierno central ni ha hecho ni se espera que haga nada. Ningún partido político melillense ha aportado solución al problema, tan solo el PP acaba de presentar un informe o lo que sea en el que se desaconseja entrar en la unión aduanera con argumentos peregrinos de tipo fiscal (subida de precios, de la imposición indirecta) o de tipo administrativo (dificultad de reformar los tratados comunitarios). Volvamos al punto inicial. La decisión de dejar a Melilla y Ceuta fuera del territorio comunitario fue política y política debe ser la solución a este grave problema. Insisten desde el gobierno local en que la actual posición es la mejor aunque los datos muestran que no es así. ¿De que sirve tener más baja la imposición indirecta sobre el consumo si la mitad de la población apenas tiene capacidad para consumir? El desempleo y la pobreza no han hecho más que aumentar exponencialmente en las dos últimas décadas mostrando pues la ineficiencia de un sistema que se nos quiere vender como el más apropiado. Ahora bien, ¿de que sirve estar fuera de la unión aduanera si no podemos comerciar de manera regular con Marruecos, al haber cerrado este país su aduana? El problema no es económico, es político y ha forzado la existencia de ese comercio atípico que tanto se defiende en esta ciudad por algunos interesados. El pasado miércoles 13 de marzo el diario Melilla Hoy recogía unas supuestas declaraciones del consejero de economía, en las que afirmaba que era ‘imposible’ la entrada de Melilla y Ceuta en la unión aduanera. Parece ser que argumentaba que era un trámite difícil. Eso es una falsedad. Los tratados de la CEE primero y la UE después se han reformado varias veces y se han fusionado otras tantas. Además, la reforma lo sería del acta de adhesión. Los mecanismos de reforma están en el acta (art.25) y no habría que negociar nada. Simplemente se trata de incluir la totalidad del territorio español en el ámbito de la unión aduanera, nada más y para ello hay que contar con el voto afirmativo de tres poderes decisorios, Comisión, Consejo y Parlamento. Esa debe ser la propuesta de partida. Dos territorios comunitarios en los que se aplica la legislación comunitaria también van a estar dentro del territorio aduanero. ¿Es esto un problema? ¿Puede oponerse algún país europeo a esa entrada al entender que no son territorios europeos? Esto último es lo que traslucen otras declaraciones atribuidas a dicho consejero al afirmar que ‘se puede imaginar que algún país tenga interés con Marruecos’. ¿Interés en qué, en que Melilla y Ceuta no entren en la unión aduanera o en que se nos considere territorios extra europeos, es decir, coloniales? Lo cierto es que cualquier oposición de un estado miembro al ingreso de ambas ciudades, presumiblemente en el Consejo, sería claramente ilegal y por tanto recurrible.
Respecto a Marruecos, si tiene esa capacidad quiere decir que el lobby promarroquí es más fuerte que un Estado miembro, en este caso España y eso sí es un problema. Pero no olvide una cosa, consejero, son el PSOE y el PP desde Madrid quienes han apoyado sin límites la paulatina integración de Marruecos en la UE a través de un acuerdo amplio de asociación llamado pomposamente ‘estatuto de socio avanzado’, mientras marginaban los intereses de Melilla y Ceuta. La situación es realmente rocambolesca. Ahora bien, la pregunta es evidente, ¿posee España los recursos y la influencia suficiente para defender los intereses de Melilla y Ceuta en el ámbito comunitario o no? Si la respuesta es negativa tenemos otro problema. En el ámbito internacional se actúa en base a intereses y a través de negociaciones donde se utilizan las fortalezas propias y las debilidades ajenas para lograr los mayores beneficios. Es una idea básica que en el caso de las relaciones con Marruecos ha sido pervertida continuamente sin que se nos haya explicado convenientemente las razones de ello. La situación de Melilla y Ceuta es crítica por muchos motivos aunque en mi opinión, el aumento de la imposición indirecta no es el más relevante de ellos. El narcotráfico, el contrabando, el islamismo, la inmigración ilegal, el elevado desempleo, la pobreza, el asentamiento indiscriminado de población marroquí, las cesiones territoriales a Marruecos o la hostilidad del país vecino son cuestiones más relevantes que la subida o bajada de los precios como consecuencia de la entrada en la unión aduanera. Lo que debe hacer el gobierno de España
a es proponer el ingreso pues tanto desde un punto de vista político como jurídico, teniendo en cuenta las disposiciones del tratado de la unión y el acta de adhesión, es legítimo e irreprochable.
La última oportunidad que tuvo el gobierno español de solucionar el embrollo en el que nos metió el gobierno socialista en 1986 fue la aprobación de la mal llamada constitución europea que, por cierto, no incluye ningún protocolo anexo contemplando la peculiar circunstancia de Melilla y Ceuta. Lo que sí contempla es una lista completa de todos los países y territorios de ultramar a los que, casualmente, se les aplica un régimen de exención total de aranceles en el marco de la política aduanera común. Curioso. Miren, el peculiar estatuto de Melilla y Ceuta en el ámbito comunitario ha estado condicionado siempre por la particular dinámica de las relaciones hispano-marroquíes. No saber gestionar adecuadamente estas ha tenido, tiene y tendrá implicaciones evidentes en la estabilidad de ambas ciudades. Algo parecido sucede con el espacio Schengen. Se nos dejó fuera porque supuestamente había que favorecer el comercio transfronterizo aunque se podían haber arbitrado medidas alternativas ya que Marruecos amenazó entonces a España con una ruptura de relaciones diplomáticas si se incluían a las dos ciudades en ese espacio integrado. La exención de visado está teniendo consecuencias preocupantes en la ciudad, y no me refiero al asentamiento ilegal de marroquíes, que es un hecho evidente, me refiero a la interpretación que Marruecos hace de esta situación al negar la repatriación de marroquíes desde Melilla. Es decir, esta situación está teniendo consecuencias jurídicas relevantes.
Concluyamos, Melilla debe entrar en la unión aduanera aunque solo sea para poder denunciar a Marruecos en el seno de las instituciones europeas, aunque solo sea para defender la legalidad de las pretensiones españolas y defender la españolidad de esta tierra, aunque solo sea para forzar a Marruecos a reabrir la aduana y si este país no accede a hacerlo, lo que debe hacer el gobierno español es denunciar el aberrante ‘estatuto de socio avanzado’ que mantiene la UE con Marruecos, defendido desde Madrid por el PP y el PSOE pues va a constituir una fuente de problemas en el futuro. Lo contrario es trabajar en contra los intereses de las dos ciudades, es practicar la guerra silenciosa desde nuestro propio país.
