La Ciudad Autónoma de Melilla y la Dirección General del Agua, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, han acordado pagar a medias la obra de ampliación de la planta desalinizadora de la ciudad y la renovación de la red de agua, que supondrá una inversión de 32,5 millones de euros. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el consejero de coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, anunciaron ayer este acuerdo al que ha llegado la Ciudad Autónoma con el Estado en la última reunión con la Dirección General del Agua, que tuvo lugar el día 30 de abril.
Según Quevedo, este convenio, del que la Ciudad Autónoma ha enviado ya redactado a la Dirección General del Agua y que será firmado en las próximas semanas, significa “la solución total de los problemas de agua de Melilla”, ya que con la ampliación de la desalinizadora, que estará lista en dos o tres años, aumentará la producción de agua y mejorará la calidad.
En concreto, la desalinizadora, tras la construcción de su cuarto módulo, pasará a producir de los 20.000 metros cúbicos diarios actuales a 30.000, lo que también permitirá mejorar la calidad del agua que salga de los grifos de Melilla, que será equivalente a la del agua mineral, indicó el consejero.
De los 32,5 millones de euros que supondrá de inversión, 16 millones serán sufragados por Fondos Feder y el resto, entre las administraciones central y regional a partes iguales con sus propios fondos, para lo cual han acordado que la Ciudad Autónoma aporte como arranque inicial un millón, y los siete millones de euros en un crédito a pagar en 27 años, entre 2020 y 2047.
Imbroda destacó que se trata de “una operación muy buena” y “un gran negocio” para Melilla, ya que la inversión estará realizada en un plazo de “dos o tres años” y se conseguirá “arreglar el problema del agua con una financiación estupenda que no va a suponer una carga insoportable” para las arcas melillenses.
“Un año parado”
El presidente melillense subrayó el perjuicio que ha ocasionado a este asunto el cambio de Gobierno tras la moción de censura, ya que esta ampliación de la planta desalinizadora ya estaba acordada y “bastante enjaretada” con el Ejecutivo de Rajoy con la aprobación del estudio medioambiental, pero con la llegada del PSOE “ha estado un año parado” y se trata, recordó, de una infraestructura estatal, por lo que “son ellos los responsables del abastecimiento de agua y los que deberían haber hecho el cuarto módulo”.
El consejero indicó que, pese a ser la desalinizadora una infraestructura del Estado, la postura del Gobierno de Sánchez es que las comunidades autónomas se hagan cargo de estas inversiones, si bien recordó que tanto la obra de ampliación como la de la nueva línea eléctrica están consideradas de interés general y, por lo tanto, la Ciudad Autónoma se negó a aceptar esas condiciones.
Ello ha obligado a “renegociar” entre las dos administraciones, logrando este acuerdo, que también incluye, además de la ampliación de la desalinizadora y las nuevas canalizaciones de la red de suministro, la construcción de una segunda línea eléctrica para evitar que la infraestructura quede paralizada por averías, como ya ha ocurrido otras veces, dado “el puro desastre” de su única línea.
Finalmente, las dos administraciones han llegado a “un convenio aceptable” que se basa en afrontar a medias esta inversión, lo que en palabras de Quevedo es “un logro importante” por parte de la Ciudad Autónoma, que podrá pagar prácticamente toda su parte en 25 años “casi sin intereses”.
En opinión de Quevedo, el resultado de estas negociaciones es para que todas las partes se feliciten, habida cuenta que había “flecos muy delicados” que han concluido en un convenio, si bien lamentó que el Estado no haya hecho caso a la Ciudad Autónoma hasta que esta administración “empezó a levantar la voz” en febrero tras “ocho meses de ninguneo”.
La Ciudad pide gestionar el Pantano de las Adelfas tras 6 meses “sin un litro”
Aunque no forma parte del convenio, sí está dentro de la negociación la gestión del pantano de las Adelfas, que lleva “sin dar un litro de agua” desde hace seis meses debido a la rotura de varias piezas, de ahí que Quevedo avanzara que la Ciudad Autónoma ha pedido ya por escrito hacerse cargo de esta infraestructura mediante una encomienda de gestión. Argumentó la petición al señalar que la Administración melillense “está más capacitada” y tiene más recursos para “gestionar correctamente” estas infraestructuras “tan importantes” para los melillenses.
