El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, anunció ayer que la próxima semana entre 12 y 14 menores extranjeros no acompañados tutelados en la ciudad y con “magnífico comportamiento” serán traslados a centros de Algeciras y Málaga durante seis meses, con un coste para las arcas públicas de 800.000 euros. La idea es llegar a 70 y conseguir arrancar del próximo Gobierno central el compromiso de contribuir económicamente en este proyecto de realojos. En rueda de prensa, el consejero ha explicado que llevan “meses trabajando en la búsqueda de recursos para el acogimiento en la península de menores extranjeros no acompañados tutelados en Melilla, ante la sobrecarga que tenemos y la llegada continua” de menores desde el otro lado de la frontera.
El objetivo sería trasladar a unos sesenta menores, pero hasta el momento, gracias a los contactos con fundaciones y ongs nacionales que trabajan en centros melillenses, se han logrado localizar las primeras plazas en la península, que permitirán que “entre 12 y 14 menores salgan de Melilla la próxima semana” a centros de protección.
Traslado
El único requisito que falta para poner en marcha este programa de realojo es que se apruebe por el Consejo de Gobierno esta misma semana, momento en el que se realizará el traslado de los jóvenes a centros de acogida en Algeciras y Málaga; recursos facilitados por las fundaciones SAMU, Aquisocial, Fremap y Diagrama.
Apunta Daniel Ventura que los chicos y chicas que serán realojados cuentan con un “comportamiento excelente” y quiere que el traslado a la península “sirva como incentivo para todos los niños que lleven una trayectoria adecuada de comportamiento y formación, porque serán los primeros en marcharse”.
En principio la operación tendrá un coste de 800.000 euros para las arcas municipales, “y si seguimos encontrando recursos podremos hablar de 1,3 millones para permitir una estancia de entre seis y siete meses” en los centros en cuestión, según manifestó el consejero de Bienestar Social.
Pero la Ciudad Autónoma también pretende que el Estado “colabore económicamente para que este corredor humanitario” entre la ciudad y la península “se pueda mantener más tiempo”, que contribuya “en el mantenimiento de estas plazas por razones humanitarias con estos chavales, porque siguen llegando a la ciudad y tenemos una capacidad limitada”.
