¿Qué va a hacer el Ejecutivo de Sánchez para impedir que se siga dando esta paradoja y discriminación entre los inmigrantes que para pedir asilo en Melilla no tienen que saltar vallas (sirios y marroquíes homosexuales, fundamentalmente), y los que sí tienen que hacerlo (subsaharianos)? Y sobre todo, ¿va a preguntar el Gobierno del PSOE a los inmigrantes si quieren pedir asilo antes de aplicarles el rechazo en frontera que tanto denostó cuando estaba en la oposición? Ninguno de los inmigrantes que accedieron a Melilla saltando la valla el pasado domingo ha sido devuelto a Marruecos mediante el Acuerdo de Readmisión de 1992 porque todos ellos se acogieron a su derecho a pedir protección internacional. Lo mismo ocurrió en el otro gran salto a la valla que se ha producido en nuestra ciudad desde el inicio de la era de Pedro Sánchez en La Moncloa. Ocurrió el 21 de octubre y de los 209 inmigrantes que saltaron la valla, España entregó a Marruecos 55 en aplicación del Acuerdo de Readmisión, mientras que los otros 153 se quedaron en la ciudad por diferentes motivos, el principal por haber solicitado asilo, derecho al que se han acogieron un total de 140. El resto no fueron expulsados al país vecino por ser menores de edad o resultar heridos en el salto.
Por lo ocurrido en esta última entrada masiva, todo apunta a que los inmigrantes saben que no les queda más opción que solicitar asilo, aunque no deseen hacerlo, si no quieren ver cómo su viaje a España es de ida y vuelta inmediata. En este caso, todos se han acogido a ese derecho para no seguir los pasos de aquel 25% de inmigrantes que hace casi siete meses fue retornado de manera casi fulminante. Entonces todo el mundo se percató enseguida de que las intenciones del Gobierno de Sánchez eran que ese retorno fuera lo más exprés posible para todos los que llegan a Melilla de manera irregular saltando la valla, por la gran cantidad de patrullas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que acudieron al CETI en los primeros minutos tras suceder la entrada, a diferencia de lo que había venido ocurriendo en los años anteriores con otros gobiernos. El pasado domingo no fue distinto y también hubo patrullas de ambos cuerpos en esos primeros instantes, pero se marcharon enseguida al tener constancia de que no tendrían que realizar ningún trámite de expulsión cuando los inmigrantes, al ser atendidos en el CETI, anunciaron que iban a pedir asilo.
Con este nuevo panorama, en el que todos aquellos que salten la valla deben pedir protección internacional para no ser devueltos a Marruecos, es normal que las cifras de asilo que se están dando a Melilla tengan una tendencia al alza, como ya avanzó este Periódico hace unas semanas. Lo novedoso en la estadística es que entre los solicitantes haya tantos inmigrantes subsaharianos, cuando hasta hace poco era un colectivo minoritario entre los peticionarios de protección internacional, lo que servía de excusa al anterior Gobierno para responder a las ONG que denunciaban que las oficinas de asilo que se habían abierto en las fronteras de Melilla y Ceuta no estaban al alcance de todo el mundo. Según decía el Gobierno, los subsaharianos no estaban interesados en pedir asilo, pero ahora vemos que sí lo están y, sin embargo, tienen que seguir saltando vallas para acceder a ese derecho. ¿Qué va a hacer entonces el Ejecutivo de Sánchez para impedir que se siga dando esta paradoja y discriminación entre los inmigrantes que para pedir asilo en Melilla no tienen que saltar vallas (sirios y marroquíes homosexuales, fundamentalmente), y los que sí tienen que hacerlo (subsaharianos)? Y sobre todo, ¿va a preguntar el Gobierno del PSOE a los inmigrantes si quieren pedir asilo antes de aplicarles el rechazo en frontera que tanto denostó cuando estaba en la oposición? Más que nada, porque seguramente el deseo de esos que fueron devueltos en caliente fuera el mismo que el de sus compañeros, dada la unanimidad de los que entraron.
