La familia Alcaraz denunciaba las ilegales actuaciones del gobierno de Enrique Palacios en la Cañada y en terrenos de su patrimonio. Los copropietarios de la finca 2733, de 95.000 metros cuadrados, no descartaban demandar a la Ciudad, si no se llegaba a un acuerdo que devolviera a los legítimos poseedores los derechos que, según denunciaban, les habían sido vulnerados.
Más de mil militares de Melilla (sargentos, sargentos 1º y brigadas), se veían afectados por unos recortes en sus salarios. La situación originaba un gran malestar entre los integrantes de las Fuerzas Armadas que tenían que recurrir al Defensor del Pueblo. La familia Alcaraz denunciaba las ilegales actuaciones del gobierno de Enrique Palacios en la Cañada y en terrenos de su patrimonio. Los copropietarios de la finca 2733, de 95.000 metros cuadrados, no descartaban demandar a la Ciudad, si no se llegaba a un acuerdo que devolviera a los legítimos poseedores los derechos que, según denunciaban, les habían sido vulnerados.
Más de mil militares de Melilla (sargentos, sargentos 1º y brigadas), se veían afectados por unos recortes en sus salarios. La situación originaba un gran malestar entre los integrantes de las Fuerzas Armadas que tenían que recurrir al Defensor del Pueblo.
