La FAMPA expone que el Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó el pasado viernes un Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma para destinar 100.000 euros al alumnado procedente de familias con dificultades socioeconómicas en Melilla. Tras haber revisado el articulado del citado acuerdo oficial del anterior equipo de Gobierno local, “no se establece ningún tipo de criterio para conceder una ayuda en régimen de concurrencia competitiva, ni orientación alguna para el profesorado, ni para las direcciones de los centros ni de la propia Consejería, que son los actores explicitados en la selección de un proceso que va destinado a alumnado y familias, que no participan en ningún momento en la convocatoria”. Por ello, ven un incumplimiento de la LOPD y de la Ley 40/2015 del sector público. La FAMPA cree que la aplicación de la normativa de ayudas de este tipo y de la ley 40/2015, es evidente que no se puede conceder “a ojo” los fondos públicos en una convocatoria presentada como concurrencia competitiva.
Así, cree que “se podría dar el caso de que una tutora pudiera considerar o no que una alumna es merecedora de esa ayuda y que otra compañera no lo considere, tanto dentro del centro como especialmente en centros diferentes, donde no puede haber intercambio de información entre Claustros de ningún tipo”.
También, apuntan que “hay docentes que han sustituido recientemente a otro profesorado y no conoce los pormenores de las familias; alumnado que cambia de etapa y por organización del centro también de docente; etc”.
Incluso, señalan que hay problemas “en el caso del alumnado que aún no ha hecho efectiva su matrícula por cualquier circunstancia, especialmente el grupo de primera escolarización (3 años), que es un número muy considerable de posibles beneficiarios de entre más de 1300 niños”.
“No hay por tanto mención a datos relativos a declaración de IRPF, situación laboral de las familias, al índice de vulnerabilidad, número de componentes, etc., o algún otro índice necesario para poder conceder unas ayudas de este tipo con fondos públicos”, expone la FAMPA.
Además, el acuerdo presenta un protocolo en el que se insta al profesorado a elaborar un listado de nombres que pasará a las Direcciones de los centros, que a su vez lo elevarán a la Consejería de Educación para dirimir en función de las necesidades presupuestarias y compartirá la información con la Dirección Provincial del MEFP (punto 3.5 del Acuerdo).
Sin embargo, indican que “este proceder es contrario a la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), ya que los titulares de los derechos de menores de 14 años corresponde a progenitores/tutores legales, los cuáles en ningún momento del proceso son sabedores siquiera de que el nombre de su hija/o está en un listado de familias en desventaja socioeconómica, un dato de extrema sensibilidad según la ley”.
Por estas dos cuestiones, se han realizado consultas “de urgencia” a diferentes profesionales del derecho en Melilla e incluso de Federaciones de AMPA de otras provincias y han calificado el presente acuerdo como una “chapuza” o “abiertamente ilegal”, por lo que la FAMPA de Melilla está estudiando realizar su impugnación inmediata.
Otro problema habitual es que en algunos centros se disponen de una manera “colectiva” los materiales para las clases, haciendo adquisiciones por clases para que el alumnado que las tutoras consideran que puede ser acreedor del programa, pueda utilizarlo de forma indistinta.
Es por ello, que creen que “el aspecto de que sea nominal puede presentar problemas de representatividad real de quién ha prestado su nombre sin recibirlo luego”.
Tiempo suficiente para el nuevo Gobierno
FAMPA indica que debería de cambiarse la redacción de la convocatoria de ayudas a las familias con dificultades socioeconómicas ya que no indica de qué partida presupuestaria se obtendría, y la cuestión sería destinar parte de la ayuda de matrículas universitarias, que no se han cubierto, a esta convocatoria.
Por último, en la Federación se ha debatido estos días sobre la pertinencia de la impugnación, con el objeto de no perjudicar la necesaria agilidad de concesión de ayudas de cara al nuevo curso. FAMPA considera que al ser hábil en los colegios el mes de julio sigue habiendo tiempo suficiente para que el nuevo gobierno pueda solventar la situación de manera “igualmente ágil pero legal y ajustada a norma”.
