Las denuncias por agresiones en los centros sanitarios de Melilla han pasado de 9 en el primer semestre de 2018 a 2 en lo que va de 2019, según los datos que aportó ayer el interlocutor policial, el inspector José Ramón Díaz Menénez, en la reunión de seguimiento del desarrollo y aplicación en la ciudad de la “Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud”. En la sede de la Delegación del Gobierno, bajo la presidencia de su titular, Sabrina Moh, se celebró ayer esta reunión en la que participaron el jefe superior de Policía de Melilla, Francisco Rodríguez, y el interlocutor policial, así como el director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Omar Haouari, y funcionarios de esta institución sanitaria junto a representantes de sindicatos y colegios profesionales del ámbito sanitario.
Esta reunión es la primera de 2019 y segunda que se celebra desde que Omar Haouari accedió al cargo como director territorial del INGESA, así como también es la segunda después de la designación como interlocutor policial sanitario del inspector José Ramón Díaz Menéndez.
Cifras
El ejercicio de 2018 se cerró con 14 denuncias, según los datos del informe de la Policía Nacional y de ellas, nueve fueron en los cinco primeros meses del año, frente a las dos que se han producido en el mismo periodo de 2019. Como dato significativo, el interlocutor policial ha resaltado que en el año 2018, dotaciones policiales atendieron 15 requerimientos de centros sanitarios mientras que en lo que va del actual ejercicio ya han atendido 17.
Estas cifras suponen que en la práctica la presencia policial “ayuda a que no se culminen las agresiones” y en este sentido ha añadido Díaz Menéndez que los dispositivos policiales tienen especial atención a los centros sanitarios
En varias intervenciones los representantes sindicales han manifestado que les suele faltar información inmediata cuando se producen las agresiones, así como han demandado que en las reuniones del comité de Salud Laboral se analicen los casos que se produzcan, así como las situaciones de riesgo.
Sobre estas solicitudes el director territorial del INGESA ha aludido a la protección de datos como impedimento para que la información sea inmediata. No obstante, la delegada del Gobierno y el director territorial del INGESA han pedido a los representantes sindicales que efectúen una petición formal sobre el tema y han asegurado que estudiarán las fórmulas apropiadas para acelerar la información al respecto.
Agresiones verbales
Apartado especial han sido las agresiones verbales ya que, tras la reforma del Código Penal la pena es mínima. Sin embargo, existe la posibilidad, después de un informe de la Abogacía del Estado, de que se puedan sancionar por la vía administrativa. Este tema se analizará en la siguiente reunión de seguimiento.
Por último, se ha informado a los participantes del proceso de implantación de la aplicación informática Alertcops, que permite estar en contacto con la Policía y la Guardia Civil desde un smartphone. En la actualidad, según ha informado el interlocutor policial, se procede en los Servicios Centrales del INGESA al registro de los profesionales de la institución para que figuren en la citada aplicación y así disminuir los tiempos de actuación de la Policía.
