A Eduardo de Castro se le acumulan las denuncias. Oficialmente solo lleva dos días en el cargo de presidente de la Ciudad Autónoma, pero ya acumula tres denuncias en los tribunales por diferentes casos, dos de ellas presentadas por el PP y una por Vox. Aunque pronto podrían ser cinco A Eduardo de Castro se le acumulan las denuncias. Oficialmente solo lleva dos días en el cargo de presidente de la Ciudad Autónoma, pero ya acumula tres denuncias en los tribunales por diferentes casos, dos de ellas presentadas por el PP y una por Vox. Aunque pronto podrían ser cinco. Y es que el expresidente Juan José Imbroda dio un plazo de 24 horas a su sucesor para que dijera qué es lo que habían robado él y sus compañeros del anterior Gobierno en los despachos del Palacio de la Asamblea, como De Castro les había acusado, o de lo contrario iría al juzgado a presentar una denuncia contra él. Además, Vox ya anunció días atrás que acudiría a la vía judicial si no prosperan las medidas que ambos partidos han pedido ante la Secretaría General de la Asamblea por las irregularidades que, según dicen, se dieron durante la votación al presidente de la Ciudad Autónoma en la sesión constitutiva de la Asamblea el día 15.
Los dos partidos de la oposición se han puesto de acuerdo para ir a por todas contra el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma, al que parece que quieren inhabilitar a base de acciones judiciales. Si los juzgados dieran la razón a PP y Vox, podría darse la situación de que De Castro tuviera que salir forzosamente del Gobierno de Melilla que encabeza, por ahora, en solitario, ya que su partido es uno de los que siempre ha mantenido que con solo una imputación es necesario abandonar la política. Ocurre lo mismo con el PSOE, que tampoco forma gobiernos con personas imputadas o condenadas. Por eso ambos partidos, Ciudadanos y PSOE, descartaron de primeras que fueran a apoyar a Mustafa Aberchán como presidente de la Ciudad Autónoma pese a encabezar el partido más poderoso de este gobierno a tres bandas que gestionará los intereses generales de Melilla a partir de ahora. Y así ha sido, aunque el PP reprocha a De Castro que se haya apoyado en partidos con condenados para auparse al sillón presidencial “cuando antes iba de Torquemada”.
De Castro, por su parte, también ha anunciado su intención de ir a los juzgados para denunciar presuntas irregularidades que, según dice, ha cometido el anterior equipo de gobierno, como el supuesto robo en el Palacio de la Asamblea o lo sucedido con uno de los miembros de la Viceconsejería de Festejos con los fuegos artificiales de la noche de San Juan. El presidente también mostró su intención de poner a trabajar a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma si hay insultos contra la institución o acciones delictivas.
Los tribunales tienen ahora la palabra, aunque el camino hasta que se pronuncien puede ser largo, dada la lentitud de la Administración de Justicia. Precisamente por eso, además de por otras muchas razones, judicializar la vida política no es una buena idea, ya que, entre otras consecuencias, no hará más que ralentizar investigaciones por la saturación de los escasos medios con los que cuenta un pilar tan importante en nuestro Estado de Derecho.
