El vicesecretario de Estrategia y Política Económica del PP y vicepresidente segundo de la Asamblea, Daniel Conesa, manifiesta que la Ciudad Autónoma lleva quince días sin gobierno efectivo, con “decenas de actuaciones paralizadas” por el cese “ilegal” de los consejeros en funciones incumpliendo lo que recoge el Reglamento de la Asamblea. Eduardo de Castro “se cree presidente en pleno ejercicio sin serlo, y es su ambición personal la que provoca este desastre administrativo y disparate democrático”, añade. Manifestó Daniel Conesa que hoy sábado se cumplen dos semanas “del advenimiento” de Eduardo de Castro a la Presidencia de la Ciudad Autónoma, “con defectos de forma que lo invalidan” y criticó que “no haya ni rastro del nuevo gobierno”, algo que al PP “nos tiene absolutamente estupefactos, porque la situación que vivimos es inaudita y sin parangón”.
Paralización
Afirma que la Ciudad lleva “dos semanas sin gobierno alguno, no porque esas negociaciones que parece mantienen entre los tres grupos estén estancadas, sino porque De Castro, de manera ilegal ha impedido al gobierno saliente seguir ejercitando las funciones que le corresponden hasta la toma de posesión del nuevo gobierno”, dijo.
El vicesecretario de Estrategia y Política Económica del PP afirma que Eduardo de Castro “ha incumplido” el Reglamento de la Asamblea y el de Gobierno y Administración, que son normas sobre las que “no puede alegar desconocimiento a la hora de adoptar decisiones porque participó en su redacción”, de ahí que señale que no puede alegar desconocimiento de la norma, sino que adopta decisiones “a sabiendas”.
Ejemplo de ello, indican desde el PP, es que De Castro ha cesado al gobierno de Imbroda “mediante decretos nulos o inválidos” antes de que se produjera su sanción real el 19 de junio y tomara posesión del cargo el día 22.
Sobre este particular explicó que ha incumplido lo recogido en el Reglamento, que establece que los consejeros cesan cuando lo hace el presidente, pero que siguen en funciones hasta que se constituye el nuevo Consejo de Gobierno, algo que aún no se ha producido. Por el contrario, afirma que De Castro, “con las consecuencias legales y administrativas que esto le puede conllevar, ha impedido ilegalmente que los consejeros en funciones puedan seguir realizando sus tareas”, no solo al cesarlos, sino revocando los certificados de firma.
La consecuencia de ello es que “hay decenas de actuaciones que están paralizadas al no existir un consejero que las avale”, y el ejemplo más claro es su caso, que sigue siendo presidente de Promesa, hasta que sea destituido por el consejo de administración de la sociedad, y aunque sigue en el cargo, no puede tramitar nada porque no existe un consejero que las respalde.
Ambición
Explicó Conesa que el presidente de la Ciudad tiene una serie de competencias recogidas en el Reglamento, pero “no las tiene para despachar los asuntos de la vida diaria de la ciudad porque esas las tienen los consejeros”. Sólo las puede asumir mediante un decreto de avocación, pero debe realizar este trámite, asegura, “por cada uno de los actos que haga”.
Reconoció que se están firmando determinadas actuaciones, pero hay otras muchas que no, y esto “está produciendo un daño importante a empresas, asociaciones o clubes deportivos que desconocer cuál va a ser la situación”. “El responsable de todo esto es Eduardo de Castro, que se cree presidente en pleno ejercicio y es su ambición personal la que provoca este desastre administrativo y disparate democrático”, añadió el también vicepresidente de la Asamblea.
Señala que actuar de esta forma “tiene sus consecuencias y el PP va a exigir las responsabilidades que proceda por estas actuaciones ilegales”. Preguntado sobre sí han interpuesto la denuncia por un “delito continuado de prevaricación administrativa” contra De Castro, indicó Conesa que la denuncia sigue creciendo con todos estos asuntos, pero que la presentarán cuanto antes.
En 2015 “había un gobierno en funciones”
Negó que la situación actual sea similar a la de 2015 cuando el gobierno se conformó dos meses después de las elecciones, porque la Asamblea se constituyó una vez no prosperó la impugnación que CPM presentó contra los resultados electorales. Pero incluso en ese ínterin, “el gobierno seguía en funciones y en ningún momento hubo vacío legal”. Lo que tiene claro es que “no se puede mantener a una comunidad sin gobierno, porque es ilegal”.
