A la vuelta de las vacaciones escolares podrían empezar a verse las consecuencias de la postura del Gobierno, que se decanta por un trato igualitario aquí y en el resto del territorio nacional, obviando la enorme diferencia que marca entre ambas situaciones la existencia de una frontera con un tercer país que sí tienen las dos ciudades autónomas. Es un error del Gobierno no tener eso en cuenta, y probablemente lo pagarán nuestros niños en las aulas Este Diario adelantaba en su edición del pasado miércoles la postura oficial del Gobierno acerca de un asunto que ha causado bastante polémica en este último año, como es el de la escolarización de niños que podrían no cumplir con uno de los principales requisitos que se exigen para obtener una plaza en los centros educativos públicos: residir en el municipio. En Melilla, el cumplimiento de esta condición siempre se ha garantizado con el certificado de empadronamiento, documento que también determina la asignación del centro educativo. Sin embargo, desde el curso anterior, con el cambio de Gobierno también se produjo una variación en esta cuestión y los niños que no estén inscritos en el padrón municipal pueden acceder a la educación pública demostrando que residen en Melilla con otros documentos.
La novedad ahora es que el Gobierno, en una respuesta parlamentaria en el Congreso, considera que la escolarización de niños en Melilla debe primar sobre la situación legal o no de sus padres en la ciudad para garantizar el cumplimiento del derecho que todo menor extranjero residente en cualquier lugar del territorio nacional tiene a un puesto escolar gratuito dentro de las enseñanzas obligatorias. El Gobierno también apunta en su respuesta que el procedimiento de admisión en los centros educativos es flexible y permanece abierto mientras se completa la documentación “con el fin de garantizar la escolarización” de los menores que residen en Melilla, “independientemente de la situación legal de sus progenitores”.
PP y Vox ya han avisado de los efectos negativos que provocará esta postura del Gobierno, que por cierto, no hay que olvidar que está en funciones y cuya continuidad es todavía una incógnita, habida cuenta que Pedro Sánchez no tiene aún los apoyos que necesita en el Parlamento para ser investido presidente y España parece estar más cerca de unas nuevas elecciones que de iniciar de manera efectiva esta nueva legislatura con un Gobierno respaldado por la mayoría necesaria en el Congreso. PP y Vox coinciden al afirmar que esta postura abrirá la puerta de los colegios e institutos de Melilla a niños extranjeros a pesar de que sus padres no residan legalmente en España, lo que podría dar lugar a un "efecto llamada" entre familias de las localidades de Marruecos colindantes con Melilla. También mantienen la misma postura crítica con el perjuicio que esto ocasionará a un maltrecho sistema educativo en nuestra ciudad, con carencia de aulas y profesores, claramente insuficientes para el aumento del alumnado que podría ocasionar la postura del Gobierno sobre una escolarización sin padrón municipal. Ello, unido a las diferencias que, según ambas formaciones, empezará a haber entre los alumnos para la asignación de centros y también en la formación, con el retraso que podrían sufrir los alumnos españoles al tener compañeros de aula con un menor nivel formativo al llegar nuevos y con desconocimiento del idioma.
Sorpresivamente, los sindicatos educativos no han dicho nada por el momento, quizá por efecto de las vacaciones de verano, que pasarán pronto y a cuya vuelta podrían empezar a verse las consecuencias de la postura del Gobierno, que se decanta por un trato igualitario aquí y en el resto del territorio nacional, obviando la enorme diferencia que marca entre ambas situaciones la existencia de una frontera con un tercer país que sí tienen las dos ciudades autónomas. Es un error del Gobierno no tener eso en cuenta, y probablemente lo pagarán nuestros niños en las aulas.
