Hay grupos a los que parece que no les cabe pronunciarse por eso cuando las Togas salen a las calles créame que algo pasa y eso nos afecta a todos. Una profesión como la nuestra es tan esencial desde el momento que asumes la defensa de una persona, de sus derechos fundamentales, dando cumplimiento al mandato constitucional en un Estado social y democrático de Derecho.
Cuando hablamos de la gratuidad de la Justicia supone poner en valor que quien no tiene medios para sufragar los honorarios de un letrado o de un procurador existen por igualdad unos servicios profesionales formados, desde el deber y la vocación del mejor servicio público, por más de cuarenta y seis mil abogados y abogadas. Las administraciones públicas deben colaborar igualmente para que en Melilla 132 hombres y mujeres con Toga y de guardia puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles. La agilidad y la financiación digna por su trabajo debe ser misión de los gobiernos mientras que el reconocimiento y el apoyo es algo que debe venir por parte de los ciudadanos.
Los datos que el pasado día 12 (Día de la Justicia Gratuita) ofreció el decano del ICAME, Blas Jesús Imbroda, con motivo del día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, alcanzan en Melilla los 10.794 expedientes en todo el año 2.018, de los cuales en extranjería son de 5.540 y dentro de estos, 2.121 fueron quienes pidieron protección internacional y finalmente 730 recibieron asistencia por violencia de género. Por eso Imbroda en su Manifiesto habló de que esta asistencia jurídica gratuita constituye la principal garantía para universalizar la tutela judicial efectiva, del compromiso del Consejo general de la Abogacía española y de los colegios en mantener y mejorar este sistema. La urgente reforma de los servicios que se presta a través del Turno debe contar con la participación activa de la abogacía española, adecuándola a la situación actual, mejorando su eficiencia. El ICAME va a solicitar a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla que apoye las justas reivindicaciones de la abogacía, o lo que es lo mismo la de todos y cada uno de los que componemos esta sociedad. Debe dignificarse la función diaria del letrado en defensa de los más desfavorecidos, pero eso sí con el compromiso de no producirse más retrasos en el pago de las retribuciones. Así Blas Jesús Imbroda reclamó la actualización de los criterios para el acceso de los ciudadanos a los servicios. La elevación del salario mínimo interprofesional, sin modificar los parámetros establecidos en la Ley 1/1996, ha limitado el acceso a la Justicia Gratuita a muchas familias. Un 12 J que se celebra cada vez que luchas por los más desfavorecidos ante los tribunales.
