El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Melilla cita a declarar al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, el próximo lunes 29 de julio a las 9:15 horas en calidad de investigado por un presunto delito de fraude electoral y falsedad documental. El partido político Vox consigue que se tramite su denuncia en la que mantienen que hubo una presunta falsificación de la lista electoral de Ciudadanos que concurrió en los pasados comicios. La providencia judicial también pide a la Policía Nacional que identifique y cite el mismo día a una de las candidatas del partido en las elecciones autonómicas y municipales para que declare “en calidad de testigo”. La providencia judicial ha pedido a la Policía Nacional que identifique y cite a una de las candidatas de Cs en las pasadas elecciones municipales y autonómicas para que declare, también el 29 de julio pero un cuarto de hora antes, a las 09.00 horas, “en calidad de testigo”, al tener sospechas de que podría ser una de las personas afectadas por la denuncia de falsificación realizada por Vox.
De Castro, investigado
Los responsables de Vox Melilla insisten en que estaban convencidos de que se había cometido “una ilegalidad” y el líder de Ciudadanos y actual presidente de Melilla, Eduardo de Castro, habría concurrido a las pasadas elecciones con una lista “ilegal”, de manera que los certificados de aceptación y compromiso de los candidatos podrían haber sido presuntamente manipulados.
Asimismo, Jesús Delgado recordó que cuando se confeccionaron las listas electorales para concurrir a las elecciones autonómicas había personas que figuraban en la lista de Ciudadanos que no estaban de acuerdo y que “no habían firmado personalmente”.
“Si figuran con una firma no deben ser legales ni válidas puesto que hay personas que no querían ir en las listas ni lo habían firmado”, sostuvo.
El líder del partido aseguró que quería ver si en el pleno el nuevo Gobierno presentaba algún proyecto de futuro que, a su parecer si fuera en la piel del presidente indica que no se plantearía muchos proyectos. “De Castro nunca nos ha querido contestar y ahora lo hará delante de un juez y un perito caligráfico”, apuntó.
El asesor jurídico de Vox manifestó que los delitos por los que presuntamente se acusan a De Castro son el de fraude electoral y el de falsedad documental. Felipe Castillo puntualizó que en los documentos de aceptación de la candidatura de cualquier partido hay que consignar los datos con el DNI y el compromiso de participar en el partido, y los de Cs podrían estar presuntamente “de manera irregular”.
En cuanto a las explicaciones del presidente de la Ciudad sobre que los candidatos pudieron salirse de las listas en un periodo de 48 horas, el portavoz respondió que “nos da un ataque de risa, es una salida adelante para justificar lo injustificable”.
En este sentido, dejó claro que los términos jurídicos dirán si lo que ha dicho Vox es verdad o no, señalando que De Castro “se puede inventar lo que él quiera”.
Castillo también quiso hacer hincapié en que el punto de vista jurídico es diferente al punto de vista político ya que políticamente se tienen que asumir ciertas responsabilidades por el hecho de ser un personaje público, pero subrayó que jurídicamente ya está decidido que De Castro vaya en calidad de investigado.
Además, afirmó que se le garantizará sus derechos mediante la investigación en este proceso y el próximo 29 de julio tendrá que ir a las 9:15 horas con un abogado para que le asesore.
El asesor jurídico de Vox expuso que en la emisión del dictamen fiscal se ha tenido que detectar algún “viso de ilegalidad” para que se tome esta “grave decisión” ya que remarcó que el Juzgado no llevaría a trámite la denuncia si hubiera carecido de fundamentos, por lo que, el fiscal entiende que hay fundamentos y solicita el acto de apertura de diligencias previas.
Respecto a qué pasaría si se demuestra que la lista no es legal, respondió que “el problema es que no puede concurrir a unas elecciones y mucho menos poder estar como presidente de la Ciudad”. Finalmente, tendrá que ser el Magistrado el que dictamine las medidas que se deban tomar.
