Coalición por Melilla (CPM) ha presentado un recurso de reforma al sobreseimiento de la querella que presentó contra la exconsejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez y el secretario técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, Juan Luis Villaseca, a los que acusaba de un delito de prevaricación administrativa y desobediencia por considerar que incumplieron el año pasado la Orden del Ministerio de Agricultura para el paso de borregos de Marruecos para la celebración del Aid El Kebir. En el recurso, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, CPM reclama que se siga adelante con este caso afirmando que no se ha producido una “investigación efectiva” y cuestiona, al mismo tiempo, la imparcialidad del juez en este caso. El recurso, de 16 páginas, está firmado, al igual que la querella, por el mediático abogado Gonzalo Boye, conocido, entre otras cosas, por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont. En este caso, el letrado representa a 11 dirigentes de CPM, entre ellos, cinco de los ocho diputados que tiene en la Asamblea, concretamente Rachid Bussian, Mohamed Ahmed, Hassan Mohatar, Yonaida Sellam y Mustafa Aberchán. Los tres primeros, además, son miembros del Gobierno de Melilla presidido por Eduardo de Castro y sustentado por CPM, PSOE y Ciudadanos (Cs).
Los demandantes muestran su desacuerdo con la decisión del juez que, pocos días después de tomar declaración a la exconsejera y el secretario técnico, decretó el archivo de esta causa. Sin embargo, los cepemistas insisten en mantenerlo abierto porque consideran que el juez “no ha promovido una investigación eficaz y efectiva” y, además, “existen múltiples indicios de criminalidad contra los querellados”.
Dudas sobre el juez
Uno de los ejes del recurso se basa en las dudas de CPM sobre la actuación de los tribunales. “Podría constituir una vulneración del derecho al juez imparcial”, afirma. Y va más allá al señalar que de la actuación del juez “se desprende una clara parcialidad del órgano instructor favorable a la parte querella”.
Para ello, CPM señala en su recurso al juez por hacer “preguntas claramente sugestivas y encaminadas a dar al investigado una salida favorable” y una “interpretación errónea y absolutamente forzada de la Orden Ministerial que busca excusar el comportamiento delictivo de los investigados”.
“Se ha producido una vulneración del derecho al juez imparcial, toda vez que el juez debe mantener su condición de tercero ajeno a los intereses de las partes, y dar apariencia de tal imparcialidad, y en este caso no se ha hecho”, ahonda CPM.
Asimismo, argumenta su desacuerdo con el archivo decretado por el juez al señalar que “el hecho de que los investigados nieguen los hechos que se les imputan, no puede ser suficiente para proceder al sobreseimiento y archivo de una causa respecto de la cual se acordó incoar diligencias previas por revestir caracteres de delito”.
“Estamos dejando en manos de los investigados el determinar si unos hechos son ciertos o no y si existía dolo o no”, agrega CPM, que también ve contradicciones entre la declaración de la exconsejera y el secretario técnico en cuanto al número de resoluciones y su resultado.
Funcionarios
En el recurso, CPM incide en que desde la Ciudad Autónoma “no se quería cumplir ni se cumplió la Orden Ministerial” y por ello, piden que se abran cuatro nuevas diligencias para seguir adelante con el caso.
En concreto, CPM quiere que el Juzgado de Instrucción número 5 reclame a la Consejería de Presidencia y Salud Pública un listado completo de todas las solicitudes recibidas, el libro de registro electrónico donde consten las resoluciones firmadas por Velázquez sobre el uso del matadero y un informe que diga qué funcionarios había trabajando en agosto del año pasado y cuáles estaban de vacaciones. Además, muestra interés por conocer cuántos corderos fueron sacrificados en el matadero en el Aid El Kebir de 2018.
CPM argumenta su petición de información sobre los empleados públicos de la Ciudad Autónoma al señalar que la exconsejera justificó en su declaración que en agosto del año pasado, cuando se recibió “una avalancha” de solicitudes para usar el matadero, “había mucha gente de vacaciones y el personal sustituto hizo lo que pudo”.
Sin embargo, CPM cree que se ha comprobado “la eficiencia de los funcionarios de la Ciudad Autónoma para determinados asuntos, eficiencia que brilla por su ausencia a la hora de resolver sobre las solicitudes planteadas” sobre el matadero.
