La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad llevará a cabo un seguimiento “clarísimo y contundente” de las explotaciones ganaderas que existen en Melilla para comprobar si cumplen la ley “en toda su extensión” y, en caso de incumplimiento, advierte de que no le temblará el pulso para ordenar el cierre. En rueda de prensa, el consejero del área, Hassan Mohatar, avanzó que dio ayer esta orden a los técnicos de su departamento para que se lleve a cabo esta revisión y comprobación de todas las explotaciones ganaderas, que estos días están en plena actividad con la venta de corderos ante la celebración el lunes del Aid El Kebir.
Los técnicos se centrarán en la fiscalización de las licencias de estos establecimientos y de toda la documentación que se les exige por ley para comprobar si la actividad que ejercen es la prevé la normativa, según explicó el consejero, que justificó la orden al recordar que “ante todo hay que cumplir con la ley” y ellos, como responsables públicos, tienen “esa obligación”.
Asimismo, informó de que su Consejería ha abierto un expediente por atentado contra el Medio Ambiente a la explotación ganadera que el pasado viernes arrojó al cauce del río 41 borregos que murieron tras su traslado desde la península a Melilla.
Mohatar afirmó que “nunca se tenían que haber tirado esos corderos” y recordó que “hay una sanción bastante importante” que podría llegar hasta los 100.000 euros de cuantía, si bien la sanción debe basarse en una propuesta del técnico pertinente de la consejería, una vez que le den la información oportuna y que Bienestar Social concluya su informe.
Sin informe de Sanidad Animal
En este sentido, dijo no entender por qué la responsable de Sanidad Animal de la Ciudad Autónoma aún no ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente el informe sobre el motivo del fallecimiento de los borregos y cuál era su situación en el cauce del río, si estaban enterrados o semienterrados, así como el resto de circunstancias de este caso.
Hassan Mohatar confió en que el motivo de esta tardanza del informe de la responsable de Sanidad Animal no se deba a que “puede haber un vínculo con el veterinario de la explotación” a la que pertenecían los borregos que fueron hallados.
Mohatar calificó esta tardanza del informe como “gravísima” porque considera que es una cuestión que hay que investigar mediante la realización de una autopsia a los borregos para conocer el motivo de su fallecimiento “por la tranquilidad de la ciudadanía”.
“Lo primero es un análisis más allá de la revisión ocular que pueda hacer el veterinario. Hablamos de salud pública, no se puede jugar con ello”, justificó el consejero de Medio Ambiente, que recordó que él mismo preguntó a la responsable de Sanidad Animal de la Ciudad Autónoma cuál creía que era el motivo de la muerte y le dijo que creía que era por asfixia.
Mohatar incidió, además, en que no es la primera vez que se llevan corderos fallecidos a la incineradora, ya que además de estos 41 del pasado viernes, hace poco también hubo otros 30 borregos fallecidos de otra explotación ganadera que también fueron trasladados a dicha infraestructura municipal.
Discrepancias con el viceconsejero de Salud Pública
En su comparecencia, el consejero de Medio Ambiente también mostró sus discrepancias con el viceconsejero de Servicios Sociales y Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand (PSOE), al señalar que lo que dijo respecto a que se estaba investigando aún a qué explotación ganadera pertenecen los borregos arrojados al río es “una auténtica barbaridad”.
Así, insistió en que él mismo se personó en dicho espacio natural nada más recibir el pasado viernes el aviso de que estaban arrojando borregos, y pudo ver cómo había personas que estaban sacando los animales muertos, y también estaba uno de los dueños de la explotación ganadera con dos veterinarios de la Ciudad Autónoma, quien pidió perdón y justificó la acción en que tenían “miedo”.
“Me he personado en la explotación, la tenemos identificada perfectamente y vi cómo se estaban desenterrando esos 41 borregos”, insistió Mohatar, convencido de que “aquí ha habido una intención por parte del empresario de saltarse la ley, con el consiguiente perjuicio que puede provocar para la salud pública”.
