Las oposiciones en curso para cubrir 10 plazas de Policía Local podrían ser objeto de impugnación por la demora con la que se están desarrollando las pruebas. La última que se celebró, el examen de ortografía, tuvo lugar el 26 de junio. Desde entonces han transcurrido más de dos meses, un plazo de tiempo superior al máximo que permiten las normas establecidas por la propia Ciudad Autónoma para el acceso a la función pública. Algunos de los aspirantes que optaban a una de estas plazas ya han manifestado su intención de impugnar las oposiciones.
Según las fuentes consultadas por MELILLA HOY, las claves de esas posibles impugnaciones que pudieran presentarse en este proceso selectivo se encuentran en el Boletín Oficial de Melilla (BOME), donde el 26 de octubre de 2018 se publicaron las bases de esta convocatoria de oposiciones, en la que se inscribieron 210 personas interesadas en hacerse con una de las 10 plazas ofertadas en la Policía Local. Entre ellas, la actual consejera de Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democráctica, Paula Villalobos, que entonces no ocupaba dicho cargo y ni siquiera estaba en la política activa.
En el antepenúltimo párrafo de las bases de las oposiciones, el BOME especifica que aquello que no esté previsto en dichas bases deberá seguir lo establecido en las “Bases Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el BOME número 5000 de 15 de febrero de 2013, y en el “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, que salió posteriormente, en el BOME número 5018, de 19 de abril de 2013.
Lo que dice la norma
Tanto en las bases generales que rigen los procesos selectivos de la Ciudad Autónoma como en el manual de instrucciones para los tribunales de oposiciones se establece cómo deben desarrollarse en el tiempo las diferentes pruebas, para evitar que se puedan dilatar en el tiempo. Para ello, establece un plazo mínimo y otro máximo para su celebración, una norma que la propia Administración local se ha saltado.
La norma en cuestión reza textualmente: “Entre la terminación o conclusión total de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente transcurrirá un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. Cuando cualquiera de los ejercicios requiera más de una sesión para su práctica, el Tribunal lo anunciará por el procedimiento anteriormente establecido, con una antelación de al menos doce horas”. Así aparece recogido en el artículo 8.1.2 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por su parte, en el Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección, en su artículo 25.2, también se establece esa misma norma, pero establece una salvedad: “Desde la conclusión de una prueba o ejercicio hasta la celebración de la siguiente deberán transcurrir un mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales, salvo causa justificada que haga necesario ampliar este último plazo, circunstancia que será comunicada con antelación a la Consejería de Administraciones Públicas”.
Las fuentes consultadas por este Periódico han dicho no conocer la existencia de una “causa justificada” que haya llevado a demorar la celebración del proceso selectivo. Entre los 38 aspirantes que siguen adelante en las oposiciones tampoco hay noticias de las razones de esta paralización, que dura ya más de dos meses. De hecho, en el tablón de anuncios de la oposición no hay ninguna notificación al respecto y el último anuncio corresponde al resultado de la prueba de ortografía, que se desarrolló el 26 de junio, 11 días después del cambio en la Presidencia de la Ciudad Autónoma con la designación de Eduardo de Castro.
Tres pruebas pendientes
Desde entonces han transcurrido 67 días, 22 más del plazo máximo establecido en la normativa de la Ciudad Autónoma para la celebración de oposiciones. Por ello, algunos de los aspirantes han mostrado su intención de impugnar este proceso selectivo por considerar que se han vulnerado las normas y que habría “caducado”, pese a que todavía quedan pendientes de hacer tres pruebas eliminatorias en esta primera fase, concretamente las que generan siempre polémica en cada oposición a la Policía Local: los test psicotécnicos, la entrevista personal y el reconocimiento médico.
Imbroda considera “muy grave” lo sucedido y señala como responsables a De Castro y Administraciones Públicas
La situación de estas oposiciones han provocado críticas desde el PP, cuyo presidente, Juan José Imbroda, advirtió de que si finalmente se produce una impugnación, sería grave y los responsables serían el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, y la consejera Paula Villalobos, los dos miembros del Gobierno con competencias en la materia, ambos de Ciudadanos (Cs).
La diputada del PP en la Asamblea Isabel Moreno fue la primera en denunciar públicamente, en una rueda de prensa el pasado jueves, que las oposiciones para cubrir 10 plazas de Policía Local, que empezaron a principios de mayo, se encuentran paralizadas de forma injustificada.
La exconsejera de Administraciones Públicas, María de los Ángeles Gras, apuntó el viernes en Twitter que las oposiciones de las 10 plazas de Policía Local, que empezaron el 4 de mayo con las pruebas físicas, sufren “una demora de más de 60 días entre pruebas”, y se preguntó si el proceso “ha caducado”.
Imbroda respondía minutos después en la misma red social: “Pues es muy grave que hayan dejado pasar 60 días, se podrían impugnar y sería responsabilidad absoluta del Sr. Castro y la Consejería de AAPP”.
