La Ciudad Autónoma sacará a oposición las plazas que pueda de Agentes de Movilidad después de que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) haya impedido utilizar la bolsa de trabajo que ha creado dicha administración este año para este cuerpo auxiliar de la Policía Local en materia de tráfico. En rueda de prensa, el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, avanzó que, como medida transitoria mientras se celebran dichas oposiciones, la administración va a intentar hacer contratos temporales a integrantes de dicha bolsa, que superaron un proceso selectivo, mediante la creación de otra bolsa de auxiliares de Protección Civil, que por ahora es “la única posibilidad” que tiene.
Por el momento, el Gobierno melillense desconoce cuántas plazas de Agentes de Movilidad podrá sacar a oposición y cuándo, ya que la Oferta Pública de Empleo (OPE) “no depende de la voluntad política”, que es “meter muchos” efectivos, si bien recordó que la OPE debe ser publicada por ley en los tres primeros meses del año.
De Castro, que compareció junto a la consejera de Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática, Paula Villalobos, dio a conocer las seis soluciones que ha buscado su Gobierno a un problema que, recalcó, procede del anterior.
Así, recordó que las bases para crear la bolsa de trabajo de Agentes de Movilidad fueron publicadas en octubre de 2018, un proceso selectivo en el que se inscribieron 800 personas y en el que un total de 45 personas consiguieron entrar en la bolsa tras la celebración de la última prueba, celebrada el 1 de julio.
De Castro, que acusó de electoralismo al anterior Ejecutivo cuando apuntó que el proceso selectivo se ha “alargado” en el tiempo, dijo que en junio salió una sentencia del TS en la que se dictaminaba que los policías locales con carácter interino no pueden ejercer el concepto de autoridad porque solo corresponde a los funcionarios de carrera.
Seis soluciones
El presidente de Melilla afirmó que, ante esta situación, la nueva Corporación, que llegó el 15 de junio, podía haber optado entre no hacer nada al ser un problema “que venía de atrás”, o bien afrontar el problema “intentando buscar soluciones”, que es lo que finalmente ha hecho, poniendo sobre la mesa hasta seis posibilidades para afrontar la situación.
Dos de ellas, basadas en retirar el concepto de autoridad a los agentes de movilidad y utilizar la bolsa creada para otras categorías, fueron rechazadas en los informes jurídicos solicitados, tras lo cual De Castro y Villalobos se reunieron con los afectados y les prometieron que intentarían “hacer algo”, aunque “era difícil”.
Por ello, el Gobierno pidió un informe de necesidad al responsable de Protección Civil y analizó la posibilidad de sacar a oposición las plazas de Agentes de Movilidad que sean posibles, en función de la tasa de reposición, para que sean funcionarios de carrera, para lo cual se tendrá en cuenta como méritos las pruebas superadas para entrar en la bolsa, algo que habrá que negociar con los sindicatos.
Las dos últimas soluciones abordadas por la Ciudad Autónoma son la creación de una bolsa de auxiliares de Protección Civil y contratar a sus integrantes por periodos de seis meses, tal y como establece la ley que regula las contrataciones de personal interino; y la creación de un cuerpo de auxiliares de Policía Local, opción que fue descartada por no tener la Ciudad Autónoma capacidad legislativa.
Denunciar al tribunal
De Castro defendió la postura de su Gobierno ante este problema, al asegurar que han hecho todo lo posible y en cumplimiento de la ley, algo que, según dijo, expusieron el miércoles en una segunda reunión que mantuvieron con los afectados, que ha causado polémica porque, según la versión de este colectivo, el presidente y la consejera les animaron a denunciar al tribunal.
Desmintió este extremo y acusó a uno de los afectados, ex miembro de PPL, de ir a “reventar la reunión” porque, según De Castro, “dijo delante de todo el mundo que iba a denunciar a la administración” y él le respondió que denunciara a quien considerara oportuno, pero que no se lo recomendaba porque el tribunal es autónomo.
De Castro insistió en que la sentencia impide seguir con el procedimiento y advirtió de que su Gobierno “no va a entrar en esa batalla que algunos pretenden” porque se niegan a “bajar al barro, odio y enfrentamiento”. Asimismo, consideró “inadmisible jugar con las personas, el esfuerzo, las ilusiones y el futuro de la gente parada”.
