El silencio que mantienen el Gobierno central y el Gobierno local sobre los problemas que suceden en nuestra frontera es muy preocupante no solo por el desamparo que sienten quienes se ven afectados, en este caso las empresas melillenses, sus trabajadores y nuestra economía en general, sino también porque nos va debilitando más y más ante un vecino que va dando pasos adelante en su evidente intento de aislarnos y asfixiarnos con una decisión detrás de otra Lo dijimos el lunes y lo volvemos a denunciar en estas líneas. El silencio que mantienen el Gobierno central y el Gobierno local sobre los problemas que suceden en nuestra frontera es muy preocupante no solo por el desamparo que sienten quienes se ven afectados, en este caso las empresas melillenses, sus trabajadores y nuestra economía en general, sino también porque nos va debilitando más y más ante un vecino que va dando pasos adelante en su evidente intento de aislarnos y asfixiarnos con una decisión detrás de otra.
El último ejemplo lo hemos tenido con los ataques a la COA en el lado marroquí la frontera de Beni Enzar, ante la pasividad de las autoridades del país vecino, con el vídeo viral que ha dado el salto, incluso, a los medios nacionales. Aún desconocemos la postura del Gobierno porque no se ha pronunciado. Mucho menos su delegada en Melilla, Sabrina Moh, que el pasado martes acudió a un acto y, cuando fue reclamada por la prensa para preguntarle por este asunto, no quiso comparecer ni responder a los periodistas alegando que tenía prisa.
El Gobierno de Melilla, con sus tres partidos, tampoco ha dicho nada, salvo CpM con una nota de prensa tardía que era más una respuesta a su adversario político, el PP, que una condena por los incidentes. El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo De Castro, que debería alzar la voz para compartir la reivindicación de los melillenses de tener una frontera fluida y segura para todos, sigue refugiado en su despacho.
Llama la atención ese mutismo de nuestros representantes públicos en unos tiempos donde tienen más fácil que nunca pronunciarse, en cualquier momento y lugar, a través de sus redes sociales. Pero en lugar de utilizarlas para defender los intereses de Melilla, como les corresponde, lo que hacen es usarlas a modo de escaparate o publirreportajes fotográficos.
Pero lo más sorprendente no es que no muestran públicamente su solidaridad y compromiso de abordar el problema, que es lo que les corresponde al estar al frente de cargos públicos que han asumido voluntariamente y por los que cobran un sueldo muy bien remunerado con el esfuerzo de todos los españoles, sino que encima se permiten el lujo de regañar a las empresas por denunciar públicamente en las redes sociales lo que les sucede, e insinuar que están haciendo política con ello.
Es lo que ha pasado esta misma semana con la COA, a la que los socialistas, con su secretaria de Organización a la cabeza, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, han regañado vía redes sociales por dar a conocer los problemas que sufren sus autobuses cuando sale a Marruecos a prestar servicio a los turistas. La COA, en un tweet, lamentó que la Delegación del Gobierno no hubiera llamado a la empresa para interesarse por lo ocurrido e informó de que había pedido una reunión con Moh para hablar de este asunto. La respuesta de Moh fue regañar a la COA en las redes sociales, un reproche al que se sumaron varios dirigentes socialistas, entre ellos el viceconsejero de Turismo, Jaime Bustillo, al que el problema de la COA debería preocupar como al que más, por las repercusiones que esto puede tener para el campo económico que él se encarga de gestionar en la Ciudad Autónoma.
Ver para creer que el PSOE, en vez de dar la cara y asumir responsabilidades, se dedique a reprender a las empresas por dar a conocer sus dificultades y recordar que estos problemas fronterizos ya han sucedido otras veces. Por supuesto que no son nuevos. La diferencia es que antes no se aplicaba una política del avestruz ni tampoco una política de terror hacia las empresas, como está pasando ahora. El silencio de los socialistas y el de sus socios de Gobierno nos sale demasiado caro por las consecuencias que supone para Melilla y también porque mientras callan, siguen cobrando. Faltaría más.
