Coalición por Melilla (CPM) justificó ayer su decisión de abstenerse ayer en tres propuestas económicas presentadas el miércoles en la Asamblea por el Ejecutivo del que forma parte, para “conjugar coherencia con legalidad”. A preguntas de los periodistas, el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, explicó que la coherencia de su partido es que no piensa apoyar un cobro de facturas atrasadas y pendientes de pago desde 2013, algo que defendió cuando estaba en la oposición y que mantiene estando en el Gobierno. Según Aberchán, si hubiera dado su voto a favor, como hicieron sus socios de Gobierno, PSOE y Ciudadanos (Cs), “significaría que tenemos la administración más nefasta en técnicos, en rigor administrativo y en políticos que no se enteran de lo que han gastado hasta seis años después”, unos políticos que, ha puntualizado, “eran del PP”.
No obstante, admitió que si no se hubiera aprobado el reconocimiento extrajudicial para pagar estas facturas pendientes de pago, “habría una responsabilidad penal de los responsables del dinero público, que es el Gobierno”, de ahí que CPM se abstuviera, ya que “en términos políticos tiene que mantener la coherencia de discrepar con esa forma de funcionar”.
Según Aberchán, se ha hecho “una lectura interesada” de la abstención de CPM, si bien él hace otra también “interesada”, que es que “el PP votó con el Gobierno y nadie se ha dado cuenta de esto”.
A su juicio, el voto a favor del PP se debe a que “son sus miserias, sus errores y las cosas que han tenido ocultadas mucho tiempo”, como las facturas pendientes de pago desde 2013, que “ha tenido que venir otro Gobierno a pagarlas en 2019”.
Superávit
Respecto a la abstención de CPM en las inversiones financieras sostenibles con cargo al superávit, Aberchán dijo que “el PP, con su mala gestión, iba a hacer perder 9 millones de euros” y “la única forma de no perderlo es como CPM ha actuado”, es decir, cogiendo proyectos en las consejerías de Medio Ambiente e Infraestructuras “que el PP dejó en un cajón”.
Según apuntó, CPM tenía intención de presentar sus propios proyectos, algo que no ha podido por falta de tiempo para realizar los trámites administrativos que requieren este tipo de inversiones con cargo al superávit.
