El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 11 de octubre dos reales decretos por los que se regula la concesión directa, "con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico", de dos subvenciones por un valor total de cuatro millones de euros a Ceuta y Melilla. De esta forma, destinará un importe de dos millones de euros para cada una de las ciudades con el objetivo de poner en marcha programas y actividades en materia de asistencia social destinadas a personas afectadas con enfermedades mentales o neurológicas, personas con discapacidad visual o síndrome de Down.
Las citadas subvenciones también van destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, con Alzheimer, mayores en situación de dependencia que precisen ser acogidos en un centro residencial y aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.
350.000 euros
Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias recibirá un importe de 350.000 euros para el fomento e impulso de políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños contra la drogadicción y otras adicciones.
Esta subvención va dirigida a los municipios con una población de entre 20.000 y 100.000 habitantes. Entre las actividades desarrolladas se encuentran programas como el denominado 'Agente Tutor', prestado por policías locales para la protección del menor u otros de reducción de la demanda.
Dura negociación
El Consejo de Ministros ha aprobado el traspaso a las Comunidades Autónomas de los 4.682 millones de euros que les adeuda de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación de 2019. También autoriza el traspaso de estos mismos fondos para las entidades locales, 821 millones de euros.
Tras semanas de polémica entre el Gobierno, las autonomías y la oposición, el Ejecutivo ha encontrado la vía legal para poder realizar estos pagos aún teniendo los Presupuestos prorrogados desde 2018 y estando en funciones. Estos eran los argumentos por los que un informe de la Abogacía del Estado le impidió en agosto traspasar estas entregas a cuenta, cuando los Gobiernos autonómicos empezaron a expresar sus quejas.
"Este Ministerio no ha cambiado de criterio. Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
