Ayer, diferentes miembros de la Confederación de Empresarios Melillenses (CEME), encabezados por su presidente, José Reyes, mantuvieron una mesa de trabajo con diferentes representantes de la CAM para abordar el tema de las facturas impagadas de la Cuenta 413 y de las que los empresarios melillenses exigen su cobro. En su momento, el presidente de la CEME anunció que se le trasladaría esta situación al Área de la CAM correspondiente, puesto que “muchos comercios y negocios locales están en juego si no se reciben el importe de esta deuda”. El Área de Economía afirma que “son facturas que datan desde el 2012 hasta el 2017” y mantiene que “no corresponden a este Gobierno y no nos sentimos responsable de su mala gestión”.
Ayer, en torno a una veintena de empresarios se reunieron con el responsable del Área de Economía para poder encontrar una respuesta y una solución a todas esas facturas impagadas por servicios prestados, que están clasificadas dentro de la Cuenta 413, pero que están haciendo estragos con algunos empresarios, como apuntó CEME.
Desde el Área explican que “no son facturas que corresponden a este Gobierno”, sino que en muchos casos datan desde el 2011 hasta el 2017, “por unos volúmenes de dinero impresionantes y de las que, aunque no nos sentimos responsables de esa mala gestión, si nos hacemos responsables de que se paguen en la mayor brevedad posible“.
Del mismo modo, detallan que hay dos expedientes en los que se clasifican estos impagos, uno de ellos la Cuenta 413, y otras que son las que “aparecen en el registro electrónico”.
Destinos de las facturas
El consejero, Julio Liarte, señala que “es la famosa cuenta 413 en la que han entrado un volumen de factura ligeramente superior al 1.200.000 euros, que está sujeta a una modificación de los trámites de crédito y que hace falta la aprobación definitiva para que después se proceda a los pagos probablemente al final de este mes o principio del siguiente”. “. Esas deudas ya están recogidas y están solucionadas”, afirma el consejero.
Sin embargo, detalla que en el otro expediente se recogen aquellas facturas “que no han sido informadas, que carecen de crédito, que no están soportadas por ningún contrato ni mercantil, ni de obra, ni de servicio, ni de suministros”.
“El problema es que esas facturas implican dos cosas; por un lado, unas responsabilidades que alguien tendrá que asumir y que principalmente van a ser de orden político y en segundo lugar, la administración no puede tener un enriquecimiento injusto, es decir, si los servicios se han producido, las obras se han realizado, los suministros se han recibido hay que pagarlos”, puntualiza. “Se exigirá responsabilidades”, remarca.
Una norma para ajustar los plazos
En este sentido, el responsable del Área de Economía asegura que el Consejo del Gobierno le ha encargado que redacte una “norma de las directrices que se están llevando a cabo ahora mismo en los servicios de la Consejería” para crear un procedimiento para que “los empleados públicos, ante una reclamación por parte de los empresarios, tengan unos plazos fijados para contestar y posean la obligación de hacerlo”; definiendo de esta manera “el circuito y hacer los cobros en la mayor brevedad posible”.
Asimismo, Julio Liarte afirma, en respuesta a las peticiones y quejas presentadas por CEME, que “las facturas datan de cerca de una década y durante todo este tiempo no se ha escuchado nada de esto en Melilla, ni una mosca”. Así pues, agrega que les alegra que “se haya recuperado la voz que parecía haberse perdido”.
