www.melillahoy.es

También, denuncian que hay una “discriminación por género” porque cientos de mujeres carecen de documentación

Algunos miembros de la Asociación de Abogados Extranjeristas de España
Algunos miembros de la Asociación de Abogados Extranjeristas de España

La Asociación Abogados Extranjeristas acude al Juzgado Contencioso para escolarizar a 67 niños en Melilla

sábado 26 de octubre de 2019, 04:00h
La Asociación de Abogados Extranjeristas de España anunció ayer que la semana que viene va a ejecutar un procedimiento en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para escolarizar a 67 niños en Melilla ya que aseguran que viven en la ciudad, y que cuentan con un “acto favorable”. Asimismo, dejan claro que tomarán medidas cautelares en defensa al derecho de educación recogido en la Constitución española. También, van a denunciar que existe una “discriminación por género” porque cientos de mujeres en Melilla carecen de documentación.
La Asociación de Abogados Extranjeristas de España ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Pro Derecho de la Infancia (Prodein) para escolarizar a unos 67 menores melillenses ya que han visto que “de manera fragante” se ha vulnerado su derecho a la Educación.

Derecho a la Educación
José Luis Rodríguez, miembro de la Junta Directiva, resaltó que hay 67 casos de niños que son de Melilla, que tienen tarjeta sanitaria, que viven en la ciudad, pero se les deniega el acceso a la escolarización.

Cree que es una vulneración “flagrante” en la Constitución española y del artículo 9 de la Ley de Extranjería que garantiza el derecho a la Educación de todos los menores, con independencia de su nacionalidad y residencia, y al acceso público al sistema de becas en igualdad de condiciones.

Cuando se inicia el proceso ordinario de escolarización, señaló que las familias solicitaron la escolarización en centros cercanos a sus domicilios, y salieron listas donde no aparecían como inscritos, pero tampoco una lista de excluidos, se omitía la presencia de estos niños.

El letrado expone que según la orden de escolarización de Melilla si a los dos meses de finalización del proceso ordinario de escolarización no se ha notificado a los padres la asignación ni denegación del centro, se entiende la escolarización en el colegio solicitado.
“Surge lo que se conoce como el silencio administrativo positivo, si la Administración no te responde en el plazo de dos meses, la escolarización se entiende concedida”, sostuvo.

Rodríguez remarcó que solicitaron en septiembre un certificado para que fuesen escolarizados, pero la Dirección Provincial no les contestó. Apuntó que tienen “un acto administrativo favorable” porque la Ley Contenciosa Administrativa prevé la posibilidad de exigir este cumplimiento previo requerimiento para que se proceda a escolarizar a los pequeños.

Por ello, la Asociación de Abogados Extranjeristas de España va a ejecutar procedimientos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con medidas cautelares en defensa al derecho de educación de 67 niños. Además, dejan claro que están dispuestos a llegar “hasta donde haga falta” aunque están “convencidos” de que el Juzgado escolarizará a los niños.

“Discriminación por género”
Lourdes Etxeberría, letrada de la Asociación, resaltó que han detectado como las madres de los menores están en una situación de “vulnerabilidad e invisibilizadas” porque cree que existe una “discriminación por género” ya que los hombres han podido acceder a la documentación y trabajo, mientras sus mujeres están indocumentadas y sin acceso a padrones, libros de familia, etc.

Señaló que es un problema que ya advirtió el Defensor del Pueblo en 1985 y que afecta a las mujeres que llevan en Melilla sesenta o cuarenta años y que son madres de ciudadanos españoles.
“Hay una total negación de su existencia y si no conseguimos superar esta barrera acabaremos en los tribunales el derecho de que estas mujeres sean reconocidas”, sostuvo.

La abogada dejó claro que llegarán “hasta donde haga falta” para que la Administración reconozca “esta situación de desagravio”. Actualmente, apuntó que el Defensor del Pueblo está investigando 44 quejas individuales y recordó que se han hecho requerimientos, pero la Administración no ha respondido sobre los motivos por los que estas mujeres se encuentran en esta situación.