El PP preguntó ayer de manera reiterada en el Pleno de Control cuáles son los “errores insubsanables” con los que el Gobierno local ha argumentado la anulación de la licitación de los dos contratos que iban a permitir que dicha instalación siguiera abierta y en funcionamiento, pero el consejero de Hacienda no dio ninguna respuesta, salvo que el importe económico que conllevan es demasiado elevado a juicio del tripartito.
“No hay nada que pueda justificar el volumen de gasto tan importante en una actividad deportiva que tiene poca utilización. Es un error insubsanable una excesiva sobrevalorización de un contrato que supera en demasía los límites presupuestarios para el ejercicio. Esas son las razones por las que se han retirado los contratos”, justificó el consejero del área, Julio Liarte, después de considerar que es una “decisión legítima” del Gobierno.
Para la diputada local del PP Esther Donoso, la respuesta de su sucesor al frente de Hacienda deja a las claras que se trata de “una decisión política” y no de “una infracción subsanable”, que es la figura que aparece recogida en la Ley de Contratos de Sector Público en su artículo 152.4, normativa en la que no se reflejan los “errores insubsanables” con los que el Gobierno ha justificado la paralización del proceso de licitación de varios contratos en las últimas semanas, no únicamente los dos que afectan al campo de golf.
“Aquí el único error es que la voluntad de Mustafa Aberchán es que no se mantenga el campo de golf”, aseveró Donoso, que recordó que, “casualmente”, ambos contratos fueron paralizados “el mismo día que el líder cepemista salió públicamente anunciando que no se iba a seguir adelante con esas instalaciones porque a CPM no le gusta el campo de golf”.
Además, precisó a Liarte que la cuantía de los contratos que había dado a conocer era para cuatro años y, por lo tanto, suponen “alrededor de 500.000 euros al año”.
“Entiendo que políticamente no quieran tener el campo de golf, pero eso no es cuestión de dilucidarlo, sino cuando se construyó. Ahora hay que mantener una instalación ya hecha y no puede quitar el procedimiento”, dejó claro Donoso, que quiso saber qué sucederá a partir de enero con el campo de golf, cuando expiren los contratos actualmente en vigor.
También intervino en esta pregunta el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, para mostrar el rechazo de CPM a “utilizar fondos europeos para el golf y 600.000 euros de dinero público del Pueblo de Melilla para que unos señores en su legítimo derecho tengan apetencia a jugar al golf, pero con su dinero, no con el de los melillenses”.
Tensión entre los vicepresidentes por una observancia al reglamento de Aberchán
El desarrollo de esta pregunta dio lugar a uno de los momentos más polémicos del Pleno de Control de ayer, ya que Aberchán pidió intervenir haciendo una observancia al reglamento y la vicepresidenta primera de la Asamblea, Dunia Almansouri, que estaba presidiendo la sesión plenaria en ese momento, le concedió un minuto de palabra.
La decisión provocó la protesta del vicepresidente segundo de la Cámara, el popular Daniel Conesa, a quien incluso llegó a llamar al orden, y la posterior petición de Juan José Imbroda para intervenir también por alusiones en anteriores preguntas, si bien Almansouri le denegó la palabra por no haber hecho la observancia en su momento.
Conesa, en una observancia que hizo después desde su escaño, ante la negativa de Almansouri de que la hiciera en la Mesa, expresó su “desacuerdo absoluto” con la decisión de la vicepresidenta primera y prueba de ello, dijo, es que no hubo alusiones a cuestiones personales”.
Sin embargo, Almansouri defendió la intervención de Aberchán porque el reglamento también permite intervenir “si la alusión afecta al decoro y a la dignidad de un grupo de la Cámara y Donoso ha intentado ridiculizar a CPM”. Donoso, posteriormente, negó que quisiera ridiculizar a los cepemistas y les dijo que tienen “la piel muy fina”.
La anulación del Cepafd afecta a 2.500 niños y 51 contratados
En la misma situación se encuentra el contrato para las actividades extraescolares que se desarrollan en el marco del programa Cepafd, que también fue anulado por el nuevo Gobierno por “errores insubsanables” y que, según Gloria Rojas, se deben a una voluntad de mejorarlo.
El PP advirtió de que esta decisión política afectará a más de 2.500 niños y las 51 personas contratadas en este programa.
