El presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro, negó ayer que haya cometido alguna prevaricación en su vida porque las decisiones que ha adoptado han estado basadas en informes, al tiempo que acusó a los partidos de la oposición de utilizar la Justicia para intentar debilitarlo y aumentar la crispación en la política melillense.
A preguntas de los periodistas, De Castro se pronunció así pocos minutos después de que el PP diera a conocer el auto de diligencias previas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla, por el que se le cita a declarar en calidad de investigado el 10 de enero de 2020 a las 9.15 horas por una presunta prevaricación administrativa.
Es la segunda vez en menos de seis meses que De Castro es llamado a declarar como investigado por la Justicia, después de que a finales de julio tuviera que acudir también citado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla por presuntas irregularidades en la lista de Ciudadanos (Cs) que encabezó en las elecciones del 26 de mayo, si bien esta causa fue archivada pocos días después.
Debilitar con querellas
De Castro señaló que afronta esta citación judicial, a raíz de una denuncia presentada por el PP, al igual que todos los anteriores casos por los que ha sido denunciado por los dos partidos de la oposición, a los que reprochó que “no tienen otra cosa que hacer que intentar debilitar al presidente con querellas”.
No obstante, recordó que todas “han sido tumbadas” y supuso que esta “irá por los mismos derroteros”, si bien consideró “inaudito que se use la Justicia de esta forma tan cruenta” para hacer política.
“Lecciones de legitimidad”
Ello, a pesar de que considera que el PP no puede dar “lecciones de legitimidad” después de que algunos de sus responsables se hayan visto implicados en otros casos judiciales, algunos de los cuales han sido “muy importantes” y han salido “en todos los medios”, dijo De Castro.
Así, recordó cómo su antecesor y presidente regional del PP, Juan José Imbroda, tuvo que ir a declarar al Tribunal Supremo, mientras que el secretario general de dicha formación, exconsejero del Gobierno de Melilla y expresidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, “también estuvo imputado un montón de tiempo”. Ambos casos, sin embargo, fueron archivados por la Justicia.
“Yo no he prevaricado jamás en la vida”, dejó claro, no obstante, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, que defendió que sus decisiones han estado basadas siempre en informes.
“No se hace ciudad en los juzgados”
En este caso concreto por el que ha sido citado a declarar el 10 de enero, insistió en que “cuando un gobierno cesa, cesa con todas las consecuencias y se tiene que ir, pero no puede ser que se produzca una situación como la que hubo”, dijo recordando que hubo “discos duros formateados” y se han abierto varias investigaciones no solo por ello, sino también por la rotura de un circuito de cámaras y otra por el sabotaje a los equipos de audio del Salón Dorado.
“Eso no lo hemos hecho nosotros, sino alguien del otro gobierno”, agregó De Castro, que imaginó que los miembros de la oposición “se inventarán otras excusas o sacarán otras historias de estas hasta que se aburran o hasta que el juez les diga que ya está bien”, dado que “esto no es hacer política, sino intentar crispar más el ambiente político que ya de por sí está crispado”.
Por ello, instó a “pensar en los ciudadanos y hacer ciudad”, algo que “no se hace en los juzgados”, si bien confió en que “el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”.
