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Jardín Valenciano: ¿que 20 años no es nada? Es demasiado

En su habitual sección para mantener vivo el recuerdo y la memoria de la sociedad melillense, un diario local nos recuerda que hace veinte años que “el conflicto de la Escuela de Arte parecía entrar en solución. En una reunión en el ministerio de Educación con todas las partes implicadas, se acordaba la construcción de unas nuevas instalaciones para el IES número 6”, entroncando la construcción de los centros educativos de nuestra ciudad con la tradición española de dilatar hasta el infinito la construcción de la obra pública, tradición que bien ha sabido reflejar la cultura popular con referencias al monasterio del Escorial. Y todo ello cuando, y según información de la Dirección Provincial, estamos a menos de un mes de la recepción de las nuevas instalaciones del instituto Jardín de Valenciano.
Y permitiéndonos la licencia de recurrir a esa comparación popular, nos atreveríamos a afirmar que Melilla cuenta entre el patrimonio inmobiliario de su sistema educativo con más de un Escorial. Pero no, la educación, como el colesterol, no es cosa de broma. Y el continuo retraso en la dotación de infraestructuras para atender a la Educación en nuestra ciudad no es cosa de broma. No es cosa de broma porque, al contario que la canción, veinte años son mucho, demasiado.

No es cosa de broma porque, como ya denunciaba reiteradamente SATE-STEs allá por 1999 y con anterioridad al acuerdo referido en la efeméride, dos centros educativos de nuestra ciudad salían del paso en unas condiciones lamentables que, desgraciadamente, se mantienen hoy, veinte años después. Como consecuencia de esta indolente tradición, los alumnos del IES número seis –hoy Virgen de la Victoria, en un ejemplo de que es más fácil dar una denominación que dotar de infraestructuras- vienen hacinándose durante más de veinte años en espacios que no cumplen con la normativa vigente respecto a superficie y condiciones, repartidos en instalaciones tan deficientes como distantes entre sí, con las enormes dificultades que ello genera para la gestión, mantenimiento y coordinación del centro, obligando en ocasiones a que los docentes anden de aquí para allá, de un lugar a otro. Y todo esto no sale gratis, sin duda repercute, y muy negativamente, en la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado, y ello pese al titánico esfuerzo de un profesorado víctima de esta indolencia que se ve obligado a entregarse más allá del cumplimiento del deber. Circunstancias semejantes a las sufridas por la Escuela de Arte Miguel Marmolejo, cuya comunidad educativa se ha visto igualmente obligada a recluirse en los espacios que la situación le ha permitido y a ver cercenada sus posibilidades de expansión y ampliación de su oferta educativa.

Y no es broma porque, además del alumnado y el profesorado de estos dos centros, el conjunto del alumnado y el profesorado de los centros de secundaria de nuestra ciudad ha sido víctima de esta indolente tradición en la medida que la carencia de un Instituto adecuado para el número de alumnos que pueden albergar las unidades del nuevo centro ha condenado durante estos veinte años a que las aulas del resto hayan estado –como lo están hoy día- absolutamente saturadas, superando ampliamente las cifras recogidas en la ley, con las graves repercusiones en las condiciones laborales del profesorado y otras circunstancias que, si bien no con origen exclusivo en la elevadas ratios, sí muy relacionadas con ellas: fracaso escolar, abandono escolar temprano y los datos que todos conocemos y que deben sonrojar a las sucesivas administraciones educativas. SATE-STEs no ha asistido como testigo mudo a estos veinte años. Numerosas son durante estos años, y así lo pueden atestiguar las hemerotecas, las denuncias públicas de las condiciones de alumnos y compañeros, así como los escritos dirigidos por SATE-STEs a diversas instancias con el objeto de agilizar la solución a los graves problemas durante tantos tiempo arrastrados.

En este marco de denuncia pública de la dilatada indolencia de la administración educativa se encuadran las denuncias que SATE-STEs ha elevado al Defensor del Pueblo en los años 2015 y 2018. Y estas quejas han contribuido a poner de manifiesto las graves carencias que sufren nuestro sistema educativo, nuestro alumnado y nuestro profesorado ante tan importante institución, la cual ha puesto de relieve que “ha hecho notar a ambas administraciones [el Ministerio y la ciudad Autónoma] que el tiempo transcurrido desde que se cedieron los terrenos para la construcción del centro… 2010 … hasta que se concedió la licencia de obra (2016) y se iniciaron las obras de construcción (2018), excede lo que sería razonable y necesario para la tramitación del procedimiento administrativo que implica la cesión del terreno, la elaboración del proyecto, la licitación y la ejecución de la obra.

Así pues […] el Defensor del Pueblo considera necesario agilizar el proceso que conduce a la construcción de nuevos centros docentes y a su puesta en funcionamiento para atender la demanda de escolarización existente, así como proporcionar los recursos personales y económicos que permitan garantizar una respuesta educativa a todos los alumnos, y muy especialmente a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo o con dificultades lingüísticas.

Por consiguiente […] la labor de esta institución debe ir dirigidas exigir a las dos administraciones públicas (Ministerio de Educación y formación Profesional y Ciudad Autónoma de Melilla) un esfuerzo en fomentar la coordinación y colaboración entre ambas para lograr que se dote a la ciudad de los recursos e infraestructuras escolares necesarias.

Como consecuencia de todas estas reflexiones suscitadas por las quejas presentadas pos SATE-STEs, el Defensor del Pueblo ha decidido transmitir a ambas administraciones la recomendación de “agilizar todos los trámites administrativos que posibiliten la cesión de terrenos, construcción y puesta en funcionamiento de los nuevos centros escolares que necesitan para poder disminuir las elevadas ratios y aumentar la oferta educativa”. Actualmente, el Defensor del Pueblo se haya a la espera de respuesta por parte de ambas administraciones, tras lo cual se pondrá en contacto de nuevo con SATE-STEs.

Y es que en cuestión de Educación, 20 años son mucho, demasiado. Y así lo denuncia SATE-STEs y lo constata el Defensor del Pueblo.

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