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El Gobierno tripartito tarda 41,31 días en pagar las facturas a los proveedores, 14 más que el anterior

La diputada local del PP Esther Donoso, ayer en rueda de prensa

El PP criticó ayer que el Gobierno de Melilla ha aumentado en más de dos semanas el periodo medio con el que paga a los proveedores de la Ciudad Autónoma, situando este plazo en 41,31 días en el tercer trimestre de este año, excediendo los 30 días de periodo máximo que permite la ley. En rueda de prensa, la diputada local del PP Esther Donoso recordó que, cuando su partido dejó el Gobierno regional el pasado 15 de junio, la Ciudad Autónoma cerró el periodo medio de pago del segundo trimestre en 26,78 días, por debajo de los 30 establecidos por la normativa, un límite que no se había excedido desde principios de 2018.

Por ello, Donoso fue muy crítica con la gestión del nuevo Ejecutivo, integrado por Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs), al que acusó, además, de haber incumplido los plazos para presentar este informe, que debería haber sido publicado a principios de este mes.
Para el PP, lo más grave es que, en caso de que la Ciudad Autónoma finalice el año con este exceso en el periodo medio de pago, no se podrán llevar a cabo inversiones financieras sostenibles con cargo al superávit, como ha hecho el anterior Ejecutivo tanto el año pasado como en este, lo que ha supuesto destinar en este 2019 unos 10,2 millones de euros a obras.
Eso conlleva, subrayó Donoso, menos infraestructuras, mano de obra y dinero en circulación, unas consecuencias negativas a las que agregó, además, la posibilidad de que el Estado intervenga inmediatamente las cuentas de la Ciudad Autónoma.
En cualquier caso, la diputada popular puso el acento en el perjuicio que supone para la ciudadanía el hecho de que los proveedores estén cobrando con retraso las facturas por parte de la Ciudad Autónoma, una situación que contrapuso con la que había con el anterior Ejecutivo, que “dejó las cuentas saneadas”.

Adjudicación de contratos
Donoso advirtió de que en el cuarto trimestre, el periodo medio de pago podría incluso incrementarse debido a la gestión que está llevando a cabo “este desgobierno” en la adjudicación de diferentes contratos de servicios, algunos de los cuales se han visto paralizados en el proceso de licitación, como los del mantenimiento del campo de golf, el Cepaf y la limpieza y mantenimiento del Teatro Kursaal.
Ello se une al hecho de que algunos servicios públicos se han quedado sin contrato por no haber sido licitados los nuevos una vez concluida la vigencia del anterior, como ha sucedido con el mantenimiento de los parques infantiles que, según el PP, lleva sin empresa que realice este servicio desde el 30 de octubre.
Otro caso, señaló Donoso, es el de la limpieza de los museos de Arqueología e Historia, que ha estado prestándose sin ningún tipo de contrato desde el 21 de agosto, pese a que el 12 de junio la empresa que resultó adjudicataria en 2017 solicitó la prórroga de dos años más dos a los que había posibilidad, petición que la Administración no contestó.
La diputada popular, que mostró el expediente ante las cámaras, aseguró que este contrato fue enviado el 10 de septiembre a Intervención, que respondió 5 días después rechazando la posibilidad de prorrogar porque la Ley impide cuando los contratos ya han finalizado, lo que ha obligado a la empresa a prestar el servicio sin contrato hasta que el 4 de octubre pidió que se le regularizara la situación.
Ello ha derivado en un contrato menor de la Consejería de Educación y Cultura, sobre el que Donoso aseguró que es “completamente ilegal” por haber solo un licitador, sin haber invitado a tres empresas ni haber publicado la licitación en la Plataforma de Contratación del Estado o en el Perfil del Contratante.

Situaciones “completamente anómalas e irregulares” con los contratos menores, según Donoso

También se preguntó Donoso qué está haciendo el Gobierno con los contratos menores en muchas de las áreas de la Ciudad Autónoma, después de que el tripartito que lo conforma “se ha pegado años demonizándolos y ahora son su figura estrella”, algo que el PP no critica, pero sí el hecho de que “se están tramitando sin los procedimientos adecuados y sin pagar las prestaciones de servicios que están realizando”.
Para el PP, se trata de situaciones “completamente anómalas e irregulares”. “Todo esto conllevaría lo que mucho nos tememos, que es dejar extinguir muchos de los contratos para que no haya una subrogación de personal, sacarlos a licitación con un nuevo objeto, contratar a nuevas empresas y que éstas contraten a nuevos trabajadores”, dijo.
“Y ahí lo dejo”, agregó la exconsejera antes de advertir de que esta práctica podría conllevar responsabilidades contra la Administración porque las empresas salientes “van a pedir responsabilidades patrimoniales a la Ciudad Autónoma”, que tendría que asumir el pago de los despidos de empresas que no van a subrogar personal.
Asimismo, se dirigió a la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, afirmando que “es cómplice de lo que está ocurriendo” pese a que “era adalid de la transparencia y la regeneración”.

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Redacción

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