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Carta del Editor

Imbroda y Aberchán: pasos atrás

Leo en un libro sobre la vida, el legado y la leyenda de Al Capone la frase “amañaban una elección tras otra”. La frase se repite una y otra vez en el libro, que describe la vida de un gánster, norteamericano de origen italiano, que fuera uno de los más famosos gánsteres de la historia. La ciudad en la que principalmente desarrolló su actividad Capone fue Chicago, una de las más importantes de los Estados Unidos de América, país al que se considera, con fundamento, la potencia máxima defensora de la democracia en el mundo. Leo en un libro sobre la vida, el legado y la leyenda de Al Capone la frase “amañaban una elección tras otra”. La frase se repite una y otra vez en el libro, que describe la vida de un gánster, norteamericano de origen italiano, que fuera uno de los más famosos gánsteres de la historia. La ciudad en la que principalmente desarrolló su actividad Capone fue Chicago, una de las más importantes de los Estados Unidos de América, país al que se considera, con fundamento, la potencia máxima defensora de la democracia en el mundo.

La democracia se basa en un principio fundamental, que consagró en España la Constitución liberal de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812. El principio fundamental es que la soberanía reside “en la Nación”, en los ciudadanos españoles, que en aquel tiempo incluían a todos los nacidos en cualquier territorio de la corona española, o sea, las provincias americanas, africanas y asiáticas del Imperio español. Previamente, el 4 de julio de 1776 en el ahora conocido como Salón de la Independencia de Filadelfia, se había proclamado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América -entonces solo 13 Estados- respecto de Inglaterra. Fue esa Declaración la que sirvió de base a la Constitución de los Estados Unidos de 1787, ratificada luego en cada estado de la Unión con la declaración inicial de “Nosotros el Pueblo” (We the People), que es donde reside la soberanía de la Nación y cuyo poder se manifiesta en las elecciones libres.

Si las elecciones no son el resultado de la expresión libre de la voluntad popular, sino que son “amañadas”, se ha conculcado el principio fundamental de la democracia. Y he hecho esta introducción para concluir que las últimas y algunas de las anteriores elecciones en Melilla -como la Justicia sentenció- fueron, según indican todos los datos disponibles, “amañadas” y eso no es un tema menor, sino una perversión básica del fundamento constitucional en el que se basan las democracias del mundo, incluida la española, incluidas sus ciudades, incluida Melilla, obviamente.

Si no confías en la legitimidad y la limpieza del proceso electoral no puedes confiar en la legitimidad democrática de los elegidos para que te gobiernen. Y si los ciudadanos, “Nosotros el Pueblo”, o Nosotros los Melillenses -si queremos referirnos a lo que tenemos más próximo- no confiamos en los que nos gobiernan, como es el evidente caso actual, no es menos evidente que así no se puede gobernar, que es exactamente lo que está pasando en Melilla, donde el 92,6% de los ciudadanos califican como malo o (mayoritariamente) pésimo el actual Gobierno CPM, PSOE y De Castro.
¿Que el gobierno que existió hasta el pasado mayo, conocido como “el Gobierno Imbroda”, era perfecto y que a él es al que debemos volver? No, evidentemente no, entre otras razones porque, en un mundo tan cambiante, nada puede durar eternamente. ¿Que el gobierno actual -presidido por un tránsfuga real, De Castro, más un partido de tinte étnico, CpM, y completado con un débil y desnortado PSOE- es la solución política que Melilla necesita? No, evidentemente no, como los hechos llevan demostrado desde junio hasta hoy. Este Gobierno absurdo -más que probablemente prevaricador, lastrado por ser el resultado de unas elecciones más que posiblemente amañadas- ni gobierna, ni puede, ni sabe, ni podrá jamás gobernar.

Ahora se ha puesto de moda lo de hablar del “Gobierno Aberchan”. Tras la sentencia del Supremo, que eliminó del Gobierno de Melilla a personas tan inmensamente malas, dañinas, más que presuntamente prevaricadoras -como creo que la Justicia sentenciará y como es el caso del super gafe Julio Liarte (que sigue ocupando ilegalmente un despacho público)- el Gobierno local ha de reducirse, algo que ya debería haberse hecho antes, porque una ciudad pequeña como Melilla no necesita un Gobierno tan grande y tan costoso como el que hubo y había. El Gobierno, cualquier Gobierno, debe estar para gobernar, no para colocar y pagar a los amigos descolocados o incapaces de ganarse la vida de otra manera. El hecho es que la composición de ese Gobierno melillense reducido es ahora el tema de discusión favorito en los mentideros melillenses.

La Asamblea de Melilla consta de veinticinco miembros. Trece de ellos son los que han de formar el Gobierno y, con la excepción del autodescartado Aberchán -pendiente de si el Supremo confirma o no su sentencia condenatoria por amañar elecciones- solo doce son los habilitados para formar ese Gobierno pendiente, que se está retrasando demasiado y que, supongo, constará de 7 miembros de CpM, 4 del PSOE y 1 de De Castro (él mismo).

Hablar del “Gobierno Aberchán” no es, por lo tanto, ningún disparate. Lo que es un disparate que impide cualquier atisbo de gobernabilidad eficaz es que De Castro, con un solo diputado (él) y sin partido que le apoye, siga siendo presidente del Gobierno de Melilla (convertido en auténtico desgobierno). Lo que es un imposible es que CpM y el PSOE se puedan soportar entre sí mucho más tiempo. La única solución política que parece tener Melilla es un pacto CpM-PP o PP-CpM, da lo mismo. Sumarían 18 diputados y se podría hacer un acuerdo a largo plazo que posibilitaría la estabilidad y paliaría la amenaza de confrontación étnica en la que ahora está sumida Melilla.

Si para llegar a un pacto de gobierno PP y CpM sus dos líderes han de dar un paso atrás, que lo den. Imbroda ya ha anunciado que no se volverá a presentar a ninguna elección más -a pesar de que ha ganado muchas- y que tenía pensado renunciar a la presidencia de Melilla, si la hubiera logrado. Aberchán, cada vez más contestado entre el “colectivo musulmán”, será, con casi toda probabilidad y como mínimo, inhabilitado y ya lleva, como Imbroda, muchos años en la primera línea política. Sus partidos pueden sobrevivir sin ellos y Melilla también. La misión más importante, sin duda, quizás su última gran misión, es llegar a un acuerdo de gobierno que permita que Melilla sea gobernable y gobernada, no como ahora.

Posdata. La persecución de la libertad de expresión, de la libertad en general, que han llevado a cabo Liarte, manejando la economía y los dineros públicos, y De Castro, desde la presidencia de Melilla, contra este periódico, contra mí y todo aquello en lo que yo intervenga o haya hecho y creado, supera ya los límites no solo de lo justo, sino, en nuestra opinión, de la prevaricación, el mal y desatado uso continuado de los recursos públicos contra los no obedientes.

Algunos datos muy significativos: La publicidad institucional vía contratos menores que, según datos oficiales, el Gobierno de la Ciudad adjudicó al diario El Faro durante el periodo de tres meses desde el 1/7/2019 al 30/9/ 2019 fue de 18.176 €; con el MELILLA HOY -triple número de lectores melillenses que El Faro y considerado por los melillenses como “el periódico de Melilla”- 6.005 € en el mismo periodo de tiempo. El contrato de licitación para el mantenimiento del Campo de golf de Melilla, retirado a instancias de Liarte de manera más que presuntamente prevaricadora, por lo que nos querellaremos contra él y el ex viceconsejero de CpM que también lo firmó. La apertura de expedientes sobre hechos ya juzgados, denunciados por Liarte y con fallos contrarios a su denuncia falsa, reabiertos a instancias del malvado y gafe ex consejero. Y un largo etcétera, que no cito para no aburrir a los lectores.
¿Se puede soportar todo esto? No se debería tener que soportarlo, pero se puede y denunciaremos y pediremos el apoyo de la Justicia y el de los melillenses todos para que este tipo de conductas contra la libertad y de manejos prevaricadores de recursos públicos no queden impunes.

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Enrique Bohórquez López-Dóriga

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