El Tribunal de Cuentas alerta a la Ciudad Autónoma de Melilla en su informe anual de fiscalización de que su Patronato de Turismo subvencionó en 2017 a empresas para impulsar la oferta turística sin que se diera un concurso previo para la concesión de las mismas.
En dicho informe del tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, se advierte además de que las prestaciones a realizar por esas empresas subvencionadas se asemeja al propio de un contrato de servicios, y añade que han observado falta de concreción en el objeto de dicha subvención y de los gastos subvencionables. Apuntan a esto que han encontrado deficiencias en la justificación de esos gastos.
Asimismo, destacan en el informe que la administración general de la Ciudad Autónoma de Melilla como sus entes dependientes incumplen con el periodo medio de pago de facturas. Según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera debe ser de 30 días, y la ciudad incurre en incumplimientos.
A esto suma que el análisis de la estabilidad presupuestaria refleja que Melilla no cumplió con las reglas establecidas en relación al destino del superávit presupuestario obtenido en el ejercicio anterior.
Retrasos en los PGCAM
El Tribunal de Cuentas también destaca en su informe que la rendición de la cuenta general de la ciudad se entregó fuera de plazo –dos meses tarde– y no contenía las cuentas individuales de ninguna de sus tres sociedades mercantiles ni de su fundación. Este error fue subsanado posteriormente durante la fiscalización.
Añaden que el Presupuesto General de la Ciudad para 2017 fue aprobado en abril de ese año cuando estaba prevista legalmente su aprobación para antes del 31 de diciembre de 2016. Y suman a eso que Melilla tiene un insuficiente desarrollo de la Política de Seguridad de la Ciudad Autónoma en el ámbito de la administración electrónica.
A pesar de que el tribunal considera que con carácter general tanto las cuentas de Melilla como las de sus entes se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables, hace salvedades, como la imputación al ejercicio de 2017 gastos anteriores por importe de 2,7 millones de euros. Tampoco aprueba que no impute al ejercicio de 2017 gastos realizados en el mismo por importe de 1,6 millones.
EMVISMESA e INMUSA
En cuanto a las cuentas de las empresas públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, el tribunal también hace puntualizaciones. En concreto, de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla SA (EMVISMESA) señala que no está excepcionada de la obligatoria auditoría dado que recibe contraprestaciones de la administración de Melilla por su actividad ordinaria.
De la Empresa Pública de la Información (INMUSA) señala que el balance de sus cuentas contiene incorrecciones que afectan al saldo de dos de las tres masas patrimoniales. Apuntan que es debido a que contabilizan incorrectamente las transferencias recibidas por la Ciudad Autónoma de Melilla en 2017.
