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La empresa que gestiona el centro de menores ha comunicado un ERE a la plantilla
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La empresa que gestiona el centro de menores ha comunicado un ERE a la plantilla

PP advierte de que no prorrogar el contrato del centro de menores podría tener “consecuencias terribles”

Conesa recuerda que la Ciudad tiene “la obligación legal de atender a los menores acogidos” en el centro de protección y, de no firmarse la prórroga, podría darse la situación de que los niños se queden desatendidos

sábado 28 de diciembre de 2019, 04:10h
El PP advirtió ayer de las “consecuencias terribles” que podría conllevar el hecho de que la Ciudad Autónoma de Melilla no prorrogue el contrato de gestión del centro de menores, cuya vigencia expira el 7 de enero, por la situación en la que se quedaría este colectivo y el despido de 200 trabajadores que desempeñan este servicio. En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente segundo de la Asamblea, el diputado popular Daniel Conesa, recordó que la prórroga de este contrato de gestión ya fue aprobada en la Comisión de Bienestar Social el 13 de noviembre, con los votos a favor del PP, principal partido de la oposición, y el PSOE, uno de los tres partidos del Gobierno.

Los otros dos partidos que conforman el Ejecutivo, Coalición por Melilla (CPM) y Ciudadanos (Cs), no respaldaron la prórroga de este contrato, ya que el primero votó en contra, al igual que Vox, mientras que el único diputado de la formación naranja, que es el presidente del Gobierno melillense, Eduardo de Castro, se abstuvo.
Pese a que la propuesta de prórroga salió adelante hace un mes y medio, Conesa explicó que la Ciudad Autónoma aún no se lo ha comunicado a la empresa adjudicataria, Arquisocial, algo que depende de la Consejería de Hacienda, que tiene las competencias de contratación, lo que imposibilita que se pueda ejecutar la prórroga.
El diputado popular ha criticado que ninguno de los tres responsables que ha tenido la Consejería de Hacienda desde la aprobación el 13 de noviembre de la prórroga del contrato ha firmado dicho trámite, concretamente el independiente Julio Liarte, cesado el día 20 de ese mes, y los cepemistas Hassan Mohatar y Dunia Almansouri.
Conesa responsabilizó de esta “situación disparatada, kafkiana y sin sentido” a CPM, que no está de acuerdo con que la prórroga de este contrato sea de dos años, si bien el diputado popular recordó que eso es lo que está establecido en el pliego de condiciones del contrato y, dado que el nuevo Gobierno no ha sacado a adjudicación uno nuevo, no existe otra fórmula legal para que se pueda seguir prestando este servicio.
El diputado del PP acusó a CPM de estar creando “un problema gravísimo para la Ciudad Autónoma de Melilla”, habida cuenta que esta administración tiene “la obligación legal de atender a los menores acogidos” en el centro de protección y, de no firmarse la prórroga, podría darse la situación de que los niños se queden desatendidos.
No en vano, recordó que la empresa ha comunicado a la plantilla que a partir del 7 de enero llevará a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), de manera que los 200 trabajadores “irán a la puñetera calle”, algunos de los cuales llevan 20 años trabajando en este centro de acogida con las diferentes empresas que se han hecho cargo del servicio.

Consecuencias legales
Además de este problema social, Conesa también advirtió de que el hecho de que CPM esté “empecinada en no firmar el contrato” puede dar lugar a consecuencias legales para quienes “teniendo que realizar este trámite no lo realizan”, habida cuenta que “cualquier fórmula que intentaran utilizar para que el servicio siguiera sería absolutamente ilegal y alguien estaría cometiendo un delito”.
Conesa dijo no saber “a qué está jugando CPM”, ni tampoco “qué quieren los demás miembros del Gobierno” ante esta situación, que es “de las más graves que se están viviendo en los últimos tiempos”, por lo que apeló al PSOE, que “es un partido nacional de Gobierno que debe ser serio”, a que “ponga pie en pared y no permita que CPM haga la barrabasada legal que pretende hacer”.
El diputado del PP insistió en que el Ejecutivo melillense “tiene que solucionarlo de manera inmediata”, pero lamentó que no lo haga pese a estar aún a tiempo de evitar “un gravísimo problema social y otros problemas que pueden producirse”, dando lugar al despido de 200 trabajadores “por una negligencia del Gobierno”.

PSOE se ausenta de la comisión y deja solos a CPM y Cs

Conesa hizo estas declaraciones poco antes de la celebración de una comisión de Bienestar Social urgente con un punto en el orden del día, encaminado a informar de la situación sobre este asunto, si bien la reunión no se pudo llevar a cabo finalmente porque el PSOE se ausentó, dejando a sus socios de gobierno en minoría, que no pudieron aprobar la urgencia de la sesión frente a la mayoría de PP y Vox.
El portavoz del PP en la Asamblea, Miguel Marín, consideró lo ocurrido como una muestra de que “en este Gobierno cada uno va a lo suyo”, ya que ayer “escenificó que está totalmente roto y que es CPM quien manda y que De Castro obedece a su orden y dictado”. A su juicio, es incomprensible que el PSOE se mantenga en el Ejecutivo, permitiendo que un asunto que ha aprobado dicha formación en el seno del Ejecutivo sea “paralizado por sus propios socios de Gobierno”. Por ello, consideró que la formación socialista “no puede estar ni un minuto más en ese Gobierno”. Además, avisó a la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, de que si no firma la prórroga del contrato podría estar cometiendo “un acto de prevaricación administrativa”.