La política en los juzgados

En apenas seis meses desde su elección como nuevo presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro ha tenido que pasar dos veces por los juzgados en calidad de investigado.

La primera vez fue el 29 de julio de 2019 cuando el diputado de Ciudadanos (Cs) acudía a la sede de los juzgados situados en las Torres V Centenario por la puerta de atrás y tras declarar ante el juez en calidad de investigado por la presunta falsificación de la lista electoral de Cs en las elecciones del 26 de mayo, salía por la puerta principal mientras situaba a sus escoltas como "cebo" por la puerta de atrás, para evitar que se tomara su imagen en los tribunales.

En una rueda de prensa posterior para hablar de otros asuntos, Eduardo de Castro admitió que ha jugó al despiste con los medios de comunicación "porque ustedes buscaban mi imagen entrando y saliendo de los juzgados y yo os lo tenía que poner difícil" tras sostener que detrás de esta situación "está Vox, que miente más que habla".

Dos días después, el 31 de julio, el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla decretaba el sobreseimiento provisional de la causa que abrió a raíz de la denuncia de Vox por supuestas irregularidades en la lista electoral de Ciudadanos (Cs) en Melilla.

Este 10 de enero de 2020 Eduardo de Castro ha tenido que volver a los juzgados nuevamente en calidad de investigado, esta vez por una denuncia del PP, al acusarlo de haber adoptado decisiones de forma indebida cuando aún no había tomado posesión del cargo de presidente de la Ciudad.

A diferencia de lo que ocurrió en julio de 2019, en esta ocasión De Castro acudió y salió caminando en compañía de su abogado, entrando y saliendo por la puerta principal, y sin rehuir por tanto que le fotografiaran o grabaran en vídeo su entrada o salida de los juzgados.

El presidente ha asegurado que está "tranquilo" y se ha mostrado convencido que la demanda del PP "decaerá como las anteriores". Ahora serán los tribunales los que decidirán la absolución o el procesamiento de De Castro.

Pero, en las manifestaciones que hizo a su salida, ha admitido que cree que ésta no será la última vez que tenga que ir a unos tribunales porque los partidos de la oposición seguirán denunciando cualquier medida que crean que no cumpla la ley. A juicio de Castro se trata de una estrategia para “tumbar” al Gobierno de la Ciudad e “intentar ganar en los juzgados lo que no lograron en los pactos y en los plenos”.

Sin embargo, aquí no queda la judicialización de la vida política melillense porque, como aseguró el propio Eduardo de Castro, el presidente del PP Juan José Imbroda tendrá que responder a la denuncia que le ha interpuesto el mandatario autonómico por presuntas injurias, tras haberlo llamado “traidor y sinvergüenza” después de su elección.

La lucha de la política local en esta legislatura se jugará mucho en el terreno judicial y ese, a priori, no parece el mejor camino.